El Gobierno recibirá hasta 40.000 casas del banco malo para frenar la crisis del alquiler

España vive una paradoja insostenible: una emergencia habitacional sin precedentes en uno de los países con más viviendas vacías de Europa. Y en ese contexto, el anuncio de que hasta 40.000 viviendas del llamado “banco malo” pasarán a manos de una nueva empresa estatal dedicada a la vivienda pública supone un golpe sobre la mesa. Es una de esas decisiones que, con el tiempo, pueden marcar una inflexión histórica o convertirse en una promesa fallida. La magnitud de la operación es innegable. También su carga simbólica: lo que antes era considerado “activo tóxico”, hoy se convierte en derecho social.

La noticia llega tras meses de evaluación técnica y política, y en medio de un mercado tensionado donde alquilar se ha convertido en una odisea para buena parte de la población, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios o bajos. Según el Gobierno, estas viviendas —muchas aún en proceso de adecuación— tendrán un único destino: el alquiler asequible. Se tratará de precios por debajo del mercado, nunca superiores al 30% de los ingresos del hogar. Si se cumple, será una medida más ambiciosa que cualquier plan anterior.

La Sareb nació en 2012, en plena resaca de la burbuja inmobiliaria, con el objetivo de sanear los balances de los bancos y recuperar, en la medida de lo posible, parte del dinero público invertido en el rescate. Ahora, más de una década después, su legado cambia radicalmente de dirección. No se trata ya de maximizar beneficios, sino de maximizar el impacto social. Es el fin de un ciclo financiero y el inicio de un ciclo político. Y aunque el movimiento puede interpretarse como el principio del fin de la Sareb, también plantea una pregunta: ¿por qué no se hizo antes?

Del desahucio al derecho: un giro con vocación social

Las cifras lo dicen todo. España apenas alcanza un 3,4% de vivienda con alquiler por debajo del mercado —una estadística que mezcla públicos y privados—, frente al más del 20% que ostentan países como Países Bajos o Austria. Esta medida del Ejecutivo no cubre la brecha estructural, pero al menos la enfrenta con hechos y no solo con discursos. El traspaso masivo de viviendas del banco malo a Sepes, futura empresa pública de vivienda, pone el foco en una verdad incómoda: construir vivienda social desde cero es lento, pero no hacer nada es inaceptable.

La estrategia se presenta como un plan por fases. Primero, según señala El País, serán 13.000 casas, priorizadas por estar en mejor estado y situadas en zonas de alta demanda. Luego, hasta completar el lote de 40.000, más 2.400 suelos que permitirían edificar 55.000 viviendas adicionales. Todo ello valorado en unos 5.900 millones de euros. No es una cifra menor. Pero, como ha recordado la ministra Isabel Rodríguez, no se trata de números sino de derechos: “Estas casas no se traspasan como activos financieros, sino como derechos sociales”.

Un ensayo a gran escala de política habitacional

Este ensayo ya ha comenzado en algunas zonas como la Comunitat Valenciana, donde se han puesto 300 casas a disposición de familias afectadas por la DANA. Es un anticipo de lo que podría venir si el modelo funciona. Pero el éxito dependerá de algo más que buenas intenciones: se necesitará coordinación entre administraciones, agilidad en las reformas y voluntad política para no dejarse presionar por el mercado.

La operación también plantea un dilema para quienes aún ven con recelo cualquier intervención del Estado en el sector inmobiliario. ¿Supone esto una “expropiación encubierta” o una corrección necesaria del mercado? ¿Es un parche temporal o el germen de un parque público de alquiler sólido y estable? Lo cierto es que, por primera vez en años, el Gobierno da un paso real hacia una política de vivienda estructural. Y eso, en un país acostumbrado a vivir de burbujas, ya es noticia.

Más allá del debate ideológico, esta medida apunta a una verdad incontestable: el mercado por sí solo no resolverá la crisis del alquiler. Cuando el acceso a una vivienda digna queda en manos de la lógica del beneficio, la consecuencia directa es exclusión. Por eso, lo público no debe ser la excepción, sino la regla que equilibre la balanza. Recuperar inmuebles del banco malo para crear alquiler asequible no es solo justicia social: es una forma inteligente de gestionar lo que alguna vez se perdió. @mundiario