El Gobierno frena la pérdida de poder adquisitivo del sector público con un alza del 11%
El Ejecutivo ha logrado finalmente un consenso con UGT y CSIF para aplicar una de las mayores revalorizaciones salariales que ha visto el sector público en décadas: más del 11% entre 2025 y 2028, una cifra que en términos reales podría elevarse hasta el 11,4% debido al efecto arrastre sobre complementos y otros conceptos retributivos. Con este incremento, los sindicatos estiman que los empleados públicos recuperarán en torno al 2,9% de poder adquisitivo durante el periodo.
La subida se articulará de manera escalonada. En 2025, los trabajadores verán un incremento del 2,5%, aplicado con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que permitirá cobrar atrasos en diciembre. En 2026 se añadirán dos tramos más: un 1,5% fijo y un 0,5% variable, este último condicionado a que la inflación supere ese porcentaje. Si se cumple la previsión, el medio punto adicional se abonará en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo, reduciendo la subida prevista para ese año a un 4,5%. Para 2028 se reserva el último 2% del acuerdo.
El entendimiento ha llegado después de meses de tensiones internas y externas. Los sindicatos habían advertido que, de no producirse avances, estaban dispuestos a convocar una huelga general en diciembre. Las movilizaciones iniciadas tras el verano mostraron el hartazgo de los trabajadores, especialmente ante la posibilidad de que la inflación volviera a erosionar sus salarios.
Más allá de la nómina: una reforma estructural
El acuerdo va mucho más allá del aspecto retributivo. El Gobierno se compromete a eliminar progresivamente la tasa de reposición, un mecanismo que durante años ha limitado la incorporación de personal y ha contribuido al envejecimiento y sobrecarga de las plantillas. La supresión gradual de este tope permitirá convocar más plazas y reforzar servicios clave.
También se emprenderá una modernización profunda de los procesos selectivos, con el objetivo de que entre la convocatoria de una oferta pública y la toma de posesión no transcurra más de un año —el doble en la actualidad—. Se potenciarán la promoción interna, la movilidad y los concursos de méritos, con la creación de un sistema abierto y permanente.
La jornada de 35 horas, una reivindicación histórica, entrará en una fase de generalización, mientras que la Administración General del Estado avanzará hacia un marco regulado de teletrabajo, todavía pendiente de definición estable.
Condiciones laborales y protección del personal
El Ejecutivo revisará en 2026 los complementos de residencia e insularidad, una demanda especialmente relevante para empleados destinados en territorios con sobrecoste de vida. Asimismo, se actualizarán las indemnizaciones por razón de servicio para eliminar desigualdades.
El pacto incluye un compromiso crucial: reforzar las plantillas que trabajan en atención al público, adecuando sus salarios a la exigencia de estos puestos y desplegando planes específicos para mejorar la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y mecanismos de prevención frente a agresiones.
En el ámbito de la igualdad, los sindicatos destacan que se implementarán políticas para prevenir la discriminación y el acoso sexual, así como iniciativas de acompañamiento para víctimas de violencia de género.
En materia de retiro, el Gobierno abre la puerta a facilitar las jubilaciones parciales para el personal laboral y estudiar su extensión al conjunto de empleados públicos. Sin embargo, la ampliación a toda la Administración depende de la Ley de Función Pública, actualmente bloqueada en el Parlamento. Esa misma norma contempla la posibilidad de prolongar voluntariamente la vida laboral hasta los 72 años.
Supervisión y garantías
Aunque UGT y CSIF dan su aval al acuerdo, los sindicatos advierten de que no conceden un “cheque en blanco”. Se constituirá en un máximo de 15 días una Comisión de Seguimiento para vigilar la ejecución íntegra de los compromisos y exigir responsabilidades si alguno de los puntos queda en papel mojado.
Con este pacto plurianual, el Gobierno busca estabilizar un sector que arrastra tensiones desde la anterior crisis económica y que afronta ahora desafíos urgentes: rejuvenecer plantillas, modernizar servicios y asegurar que los salarios públicos no siguen perdiendo terreno frente al coste de la vida. @mundiario
