El Gobierno deja el IVA de la luz en el 10% y las ayudas al transporte se mantendrán
El Ejecutivo está finalizando los detalles de la prórroga del paquete de medidas para contrarrestar los efectos de la inflación y la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania. Entre las decisiones que se perfilan se destaca el mantenimiento del IVA de la electricidad en el 10%, revirtiendo la reducción del 5% y retornando al 21% previo a la crisis. Esta medida, según fuentes cercanas al Gobierno, podría extenderse a lo largo de todo el año 2024.
En respuesta a presiones y negociaciones con diversos sectores, se confirma que la subvención al transporte público se mantendrá en sus términos actuales, extendiéndose a toda la población, en lugar de limitarse a menores, jóvenes y desempleados, como inicialmente se planteaba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado anteriormente la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados. Además, se continuarán los descuentos existentes en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Estos descuentos cuentan con una contribución del 30% por parte del Estado, mientras que el 20% restante es proporcionado por la entidad regional o local correspondiente. Asimismo, se mantendrá la gratuidad de Renfe Media Distancia y Cercanías. Estas medidas forman parte del real decreto ley que se espera sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.
En un contexto de desaceleración económica y retorno a las reglas fiscales, el Gobierno busca reducir el coste del escudo social para equilibrar las cuentas públicas, pero al mismo tiempo debe gestionar el impacto de la eliminación de las medidas de precios, una preocupación expresada por el Banco de España.
Los otros tres impuestos energéticos, como el IVA del gas, madera y pellets, actualmente rebajado al 5%, se restablecerán gradualmente al 21%. Similar será el proceso para el impuesto especial sobre la energía eléctrica (IEE), que retornará al 5,11%, y el impuesto que grava el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que recuperará su tipo habitual del 7%. La intención es llevar a cabo estos ajustes de manera escalonada durante la primera mitad del próximo año para limitar el impacto en la inflación.
Adicionalmente, se ha anunciado la prórroga por un año más de las medidas para proteger a las familias vulnerables de los desahucios. Este paquete incluye la prohibición de cortes de suministros a hogares con dificultades económicas y la tarifa especial de gas para calderas comunitarias, aunque no se ha especificado la duración exacta de esta extensión.
La plana mayor del Gobierno ha pasado el día de ayer cerrando los detalles de la prórroga parcial del escudo social, cuyas medidas, instauradas a raíz de la crisis energética y la guerra de Ucrania, están programadas para caducar el 31 de diciembre. Entre las acciones previstas, se contempla la rebaja del IVA sobre los alimentos básicos, las reducciones de impuestos energéticos y las ayudas al transporte, siendo estas últimas principalmente destinadas a transportistas, industria, agricultura, ganadería y pesca. El costo total de las subvenciones a los combustibles profesionales se estima en 1.600 millones, mientras que el resto de las medidas representan otros 2.000 millones.
Fuentes cercanas a Sumar citadas por El País indican que las negociaciones entre los equipos de Hacienda y Trabajo fueron intensas, y aunque se espera que la mayoría de las medidas vigentes sean prorrogadas, algunas relacionadas con la gratuidad del transporte público y los impuestos a la banca y las energéticas aún generan debate dentro del Gobierno de coalición.
En relación a las medidas antidesahucio, EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno, ha anunciado un acuerdo para la prórroga de un año más de estas disposiciones. Esto incluye la prohibición de cortes de suministros básicos a hogares vulnerables y la tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. La extensión de estas iniciativas se mantendrá hasta al menos el 31 de diciembre de 2024.
La última vez que se prorrogaron estas medidas fue en junio, con una extensión de seis meses hasta el final del año 2023. En ese momento, la justificación del Gobierno fue que la ley de vivienda aprobada en mayo aún no había tenido tiempo de desplegar sus efectos. Sin embargo, el hecho de que se busque nuevamente la prórroga indica que algunos consideran que la ley actual se queda corta en ciertos aspectos. El contexto de inflación y la incertidumbre económica derivada de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo refuerzan la decisión del Gobierno de mantener activas todas las protecciones existentes.
Esta no es la primera vez que Bildu anuncia un acuerdo sobre vivienda; ya hace más de un año se logró la prórroga del tope del 2% para las actualizaciones del alquiler. Aunque esta medida fue incluida posteriormente en la ley de vivienda, que establece que este máximo será del 3% para el año 2024, ya no es necesario incluirla en el decreto que será aprobado en el último Consejo de Ministros del año. Sin embargo, los nacionalistas vascos han aprovechado para destacar este logro en su comunicado del martes.
La extensión de la tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos, aprobada en respuesta al aumento de los costos energéticos, se confirmará también en el próximo Consejo de Ministros. Además, se mantendrá la prohibición de cortes de suministros básicos, como luz, agua y gas, a hogares vulnerables, una medida que se implementó durante la pandemia y se ha prorrogado desde entonces. Aunque no se ha proporcionado información clara sobre la duración exacta de estas extensiones, se espera que el decreto sea validado este miércoles. @mundiario
