El Gobierno autoriza el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, provincia de Burgos. La instalación, que contaba con una potencia instalada de 466 megavatios (466 MW), fue inaugurada en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, con una declaración posterior de cese definitivo de explotación en julio de 2013.

Tras varios años de preparativos, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió en mayo de este año un informe favorable al proyecto de desmantelamiento, el cual consta de dos fases y será llevado a cabo por Enresa, empresa encargada de la gestión de residuos radiactivos. El proyecto tiene un presupuesto de 475 millones de euros y se extenderá hasta el año 2033. Durante su desarrollo, se prevé la participación simultánea de hasta 350 personas.

Trabajos divididos en dos fases

La fase 1 del desmantelamiento, que abarcará desde 2023 hasta 2026, se enfocará en el desmontaje de sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, así como en la gestión de los residuos resultantes y la evacuación del combustible gastado hacia el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

En la otra fase, a realizarse entre 2027 y 2033, se llevará a cabo el desmantelamiento final de los edificios radiológicos, las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, culminando con la restauración del emplazamiento.

Protocolo de actuación

El MITECO ha trabajado en colaboración con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) desde 2020 para apoyar a los 27 municipios afectados por el cierre de la central nuclear. Hasta la fecha, se han destinado 7,7 millones de euros para financiar 12 proyectos municipales, con el objetivo de reactivar la región y reducir el impacto en el empleo y la economía local.

En mayo del año pasado, se construyó el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña, que involucra al MITECO, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco, así como a los municipios afectados, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC). A través de este convenio, se busca implementar acciones que impulsen el desarrollo sostenible y la reactivación económica de la zona. Además, se está trabajando en una nueva convocatoria para continuar financiando iniciativas que promuevan el desarrollo y la transformación sostenible de la región. También se están tramitando líneas de ayudas para empresas y pequeños proyectos de inversión, que serán resueltas a finales de este año.

Con la autorización del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y el impulso del Convenio de Transición Justa, el MITECO busca avanzar hacia un futuro más sostenible, promoviendo la transición energética y el bienestar de las comunidades afectadas por el cierre de instalaciones nucleares. @mundiario