El Gobierno amplía hasta 2026 el perdón a las empresas por las pérdidas de la covid
El Gobierno ha decidido volver a pulsar el botón de pausa. Cinco años después del estallido del coronavirus, el impacto económico de aquella crisis sigue dejando cicatrices profundas en los balances empresariales. Con la publicación este miércoles 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo amplía hasta 2026 el llamado “perdón” a las empresas por las pérdidas generadas durante la pandemia, una prórroga que evita el cierre legal automático de miles de sociedades que aún no han logrado recomponer su patrimonio.
La medida no es menor ni técnica: afecta al corazón del sistema mercantil español. En términos sencillos, permite que las pérdidas de 2020 y 2021 sigan sin computar a efectos de disolución durante todo el ejercicio 2026. Sin esta excepción, la Ley de Sociedades de Capital obligaría a muchas compañías a liquidarse por una razón puramente contable, aunque su actividad siga siendo viable y generadora de empleo. El Gobierno opta, una vez más, por ganar tiempo.
El mensaje político y económico es claro: la covid fue una anomalía histórica y sus efectos no pueden seguir aplicándose como si se tratara de una crisis ordinaria. La prórroga llega además en el último minuto, ante la inminente caducidad de los plazos anteriores, y se presenta como una decisión de urgencia para evitar un goteo silencioso de cierres empresariales a partir de enero.
Un perdón contable que evita cierres en cadena
La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se ha convertido en uno de los instrumentos más potentes —y menos visibles— de la política económica pospandemia. Gracias a ella, el agujero provocado por el desplome de ingresos durante los confinamientos queda “congelado” en los balances, sin activar la obligación legal de disolver la empresa o recapitalizarla de forma inmediata.
En la práctica, esta medida protege sobre todo a pequeñas y medianas empresas de sectores especialmente castigados, como la hostelería, el turismo, el comercio o determinadas actividades industriales. Muchas de ellas han vuelto a generar beneficios, pero no lo suficiente como para compensar de golpe las pérdidas acumuladas en los peores meses de 2020 y 2021.
El Ejecutivo justifica la prórroga en la necesidad de conceder un “tiempo prudencial” para que las empresas viables puedan absorber un shock que no provocaron. La alternativa, advierten fuentes económicas, sería una cascada de disoluciones formales que destruiría empleo y tejido productivo sin aportar una mejora real a la economía.
No todo vale: el límite a las empresas zombis
El perdón de la covid, sin embargo, no es un cheque en blanco. La norma mantiene una línea roja clara: las pérdidas generadas entre 2022 y 2026 sí cuentan plenamente. Es decir, las empresas que sigan deteriorando su patrimonio por su mala evolución reciente no podrán refugiarse en la pandemia para esquivar la disolución.
Además, si una compañía continúa en causa de disolución una vez excluidos los ejercicios de la covid al cierre de 2025 o 2026, los administradores estarán obligados a actuar. La ley les exige convocar una junta de socios en un plazo máximo de dos meses para decidir entre la liquidación o una ampliación de capital que sanee las cuentas. El mensaje implícito es contundente: se protege a quien puede sobrevivir, no a quien ya no tiene futuro.
Más allá de la técnica contable, la decisión tiene una carga emocional y social evidente. Para miles de empresarios, autónomos y gestores financieros, la prórroga supone alivio y margen de maniobra. Permite planificar cierres de ejercicio, negociar con bancos o diseñar estrategias de crecimiento sin la amenaza inmediata de una disolución automática.
El Gobierno confía en que la recuperación gradual de beneficios haga el trabajo que no pudo hacer el mercado en plena pandemia. Al alargar el perdón hasta 2026, el Ejecutivo apuesta por una salida lenta pero menos traumática, en la que los balances se saneen con el tiempo y no por decreto. @mundiario
