El BOE publica el primer paquete de ayudas para los afectados por la dana
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley que pone en marcha un paquete de ayudas de 10.600 millones de euros dirigidos a personas, autónomos y empresas afectadas por la dana en España. Con esta medida, el Gobierno pretende acelerar la recuperación de 78 localidades, principalmente en la Comunidad Valenciana, y en menor medida en Castilla-La Mancha y Andalucía. Según fuentes gubernamentales, dependiendo de la evolución de los daños, la lista de municipios beneficiarios podría ampliarse en las próximas semanas.
Este paquete de ayudas modifica y amplía las ayudas reguladas en el Real Decreto 307/2005, cuadruplicando los fondos disponibles y flexibilizando los requisitos para que más afectados puedan beneficiarse. Asimismo, establece plazos ampliados para facilitar el acceso a los fondos, en un intento de responder de forma ágil y eficaz a las necesidades de las zonas más afectadas.
Entre las medidas más destacadas se encuentran las ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que suman un total de 838 millones de euros. Estas se complementan con una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 5.000 millones de euros. De estos, un primer tramo de 1.000 millones de euros ya ha sido activado, lo que permitirá a los afectados obtener financiación en las próximas semanas. Con estas medidas, el Gobierno busca ofrecer liquidez y soporte financiero inmediato a quienes han visto afectada su capacidad económica.
Fondos para la reparación de viviendas
Además, se han destinado fondos específicos para la reparación de viviendas, con subvenciones que oscilan entre los 20.000 y los 60.000 euros según la gravedad de los daños. Las familias afectadas también podrán recibir hasta 10.300 euros para reponer enseres y electrodomésticos perdidos o dañados en las inundaciones. En el ámbito de la infraestructura pública, se ha comprometido una financiación de hasta el 50% de los costos para restaurar carreteras, instalaciones deportivas y centros cívicos en los municipios perjudicados.
Para apoyar la recuperación económica y social de los afectados, el Gobierno ha previsto diversas medidas de protección social, incluyendo una prestación de incapacidad temporal extraordinaria que cubrirá el 75% del salario para trabajadores y autónomos que hayan sufrido daños físicos o psicológicos a raíz de la catástrofe. Asimismo, se establecerá una prestación por cese de actividad para autónomos que se vean obligados a suspender sus operaciones.
En el ámbito fiscal, las viviendas y negocios de las zonas afectadas estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2024, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se verá reducido para las empresas perjudicadas. Además, las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el segundo plazo de la declaración de la renta de 2023 se aplazará hasta 2025 para unas 200.000 personas en las áreas afectadas.
Las solicitudes para acceder a estas ayudas podrán comenzar a tramitarse desde el jueves 7 de noviembre. Con este plan, el Gobierno busca aliviar de forma significativa la carga financiera de los afectados, respaldando tanto a los ciudadanos como a los sectores productivos, mientras se avanza en la reconstrucción de las zonas dañadas. @mundiario
