Los funcionarios elevan el pulso contra el Gobierno y no descartan ir a la huelga

La paciencia de los funcionarios se agota. Las concentraciones de este martes frente al Ministerio de Hacienda, lideradas por UGT y CC OO, no son solo una escena más en el calendario sindical: son un grito desesperado de quienes se sienten traicionados. El cántico “guerra, guerra, guerra” no es una metáfora exagerada, sino la verbalización de una tensión acumulada tras promesas sin cumplir. Los empleados públicos, ese motor silencioso que mantiene funcionando las escuelas, los hospitales y las oficinas de administración, reclaman algo básico: que se respete lo pactado.

El acuerdo marco 2022-2024, firmado por los sindicatos mayoritarios, prometía avances en salarios, promoción interna, clasificación profesional y jubilación parcial. Pero al llegar 2025, el balance es frustrante: buena parte de esos compromisos sigue en papel mojado. El Gobierno se escuda en la reciente aprobación del 0,5% de subida retroactiva —heredada del acuerdo vencido—, pero omite algo fundamental: aún no se ha abierto ninguna negociación real para definir qué ocurrirá este año. Para los sindicatos, ese silencio equivale a un portazo.

La desconexión entre el discurso político y las condiciones reales de los trabajadores públicos es ya insostenible. “Defender los servicios públicos no es subirse a una tribuna”, sentenció con crudeza Lucho Palazzo, de CC OO. Y tiene razón: los discursos vacíos no llenan la nevera ni garantizan estabilidad laboral. En un país donde el Gobierno presume de recuperación económica, ¿cómo se justifica que más de tres millones de empleados públicos mantengan el salario congelado mientras el coste de la vida sigue en ascenso?

La falta de voluntad política se extiende a cuestiones estratégicas. La oferta de empleo público que se avecina —rondando las 20.000 plazas, según CSIF— es calificada de “propagandística”. ¿Cómo resolver el envejecimiento de las plantillas o la huida de talento con cifras tan exiguas? Los sindicatos advierten: un 30% de los empleados públicos se jubilará en menos de una década. Sin un plan ambicioso, las consecuencias las sufrirá directamente la ciudadanía: menos médicos, menos docentes, más lentitud en los servicios esenciales.

La temporalidad, un problema que nos cuesta millones

Y mientras se congelan las negociaciones, también se congelan los fondos europeos. Nada menos que 626 millones han quedado en el aire por la altísima temporalidad en la administración pública. El problema no es nuevo, pero se agrava año tras año. La Comisión Europea ha dado un golpe en la mesa y deja claro que no hay ayudas sin reformas. La precariedad laboral de miles de interinos no es solo una injusticia: es también una losa económica para todo el país.

UGT y CC OO apuntan a todas las administraciones —no solo al Ejecutivo central— por este fracaso compartido. Pero el Gobierno tiene la responsabilidad de liderar el cambio. Las ofertas de empleo eterno, sin criterios de estabilización ni rejuvenecimiento, ya no sirven. Tampoco lo hacen las promesas vagas ni las ruedas de prensa con cifras infladas. Lo que se necesita es un plan real, estructural, con garantías de cumplimiento. Y eso solo será posible si se sientan de nuevo con quienes firmaron los acuerdos y se toman en serio el diálogo social.

¿Huelga a la vista? El ultimátum sindical ya está sobre la mesa

Aunque todavía no hay una convocatoria formal, el mensaje lanzado por los sindicatos tras ser preguntados por El País es inequívoco: no se descarta ningún escenario. “Como sindicalistas de clase nunca descartamos absolutamente nada”, dejó claro Isabel Araque, de UGT. Esa ambigüedad táctica esconde una advertencia muy clara: si no hay avances, habrá huelga. Y no una huelga simbólica, sino un paro general del sector público que podría paralizar parte del país.

CSIF, por su parte, eleva el tono en otra dirección: reclama eliminar la tasa de reposición y sanciones ejemplares a los gestores que perpetúen la temporalidad. En otras palabras, no se trata solo de más plazas, sino de justicia laboral y de responsabilizar a quienes permiten que las irregularidades sean norma. El hartazgo es transversal y, aunque los estilos de los sindicatos difieren, todos convergen en lo mismo: es hora de actuar.

En el fondo, esta pugna no va solo de sueldos ni de convenios pendientes. Va del modelo de administración que se quiere. Una administración robusta, eficiente y con trabajadores motivados requiere algo más que promesas: necesita inversión, compromiso y estabilidad. Y sin eso, la desafección crecerá. No solo entre los empleados públicos, sino también entre los ciudadanos que dependen de su labor diaria. @mundiario