Bruselas pide que los trabajadores accedan por defecto a un plan de pensiones

La Comisión Europea ha decidido romper la inercia. En un continente que envejece a un ritmo acelerado y donde los sistemas públicos de pensiones soportan tensiones crecientes, Bruselas lanza un mensaje que incomoda, provoca y obliga a mirar de frente el futuro: que todos los trabajadores sean inscritos automáticamente en un plan de pensiones de empleo, salvo que digan que no. Una propuesta que, bajo el envoltorio técnico de la inscripción automática, plantea preguntas profundas sobre la sostenibilidad del modelo social europeo y sobre cuánto control debe tener cada ciudadano sobre su ahorro para la jubilación.

Lejos de ser una recomendación burocrática más, el paquete presentado este jueves forma parte de la estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU). Y llega en un momento en el que la palabra “jubilación” ya no evoca una etapa tranquila, sino una ecuación incierta. Para Bruselas, no basta con reforzar los sistemas públicos: hay que levantar un segundo pilar que compense carreras laborales inestables, brechas de género persistentes y pensiones que, en muchos casos, no serán suficientes.

El mensaje es claro: si Europa quiere evitar futuras generaciones condenadas a la vulnerabilidad económica, el ahorro complementario debe dejar de ser voluntario en el sentido tradicional. No se trata de obligar, sino de invertir la lógica: que el trabajador forme parte del plan desde el primer día y solo quede fuera si así lo manifiesta. Un pequeño cambio administrativo con un enorme calado cultural.

Pero la propuesta llega a un país, España, que ha rechazado esta idea en varias ocasiones por considerarla de difícil encaje constitucional. El debate, que hasta ahora se resolvía con un “no es posible”, vuelve ahora con el respaldo explícito de la Comisión.

Un modelo europeo con resultados

Bruselas insiste en que no inventa nada: varios países de la Unión, como Italia, Polonia, Lituania o Irlanda, ya aplican sistemas de auto enrolment con diferentes niveles de automatismo. El ejemplo más citado es el Reino Unido, donde la inscripción automática ha disparado la participación en planes de empleo y ha incrementado de forma significativa el ahorro destinado a la jubilación.

La Comisión considera que estas cifras prueban que el modelo funciona, especialmente entre jóvenes, trabajadores con salarios medios y mujeres, que suelen ser las principales perjudicadas por carreras profesionales más fragmentadas. Según recuerda Bruselas, la brecha de género en pensiones en la UE roza el 25 %, un dato que debería avergonzar a cualquier sociedad que presume de igualdad.

Entre la cautela política y el vértigo constitucional

España se ha resistido siempre a implantar este modelo. Los legisladores entienden que inscribir automáticamente al trabajador podría chocar con principios constitucionales, incluso aunque exista el derecho a salir del plan cuando se desee. El sector financiero, en cambio, defiende que esa objeción no se sostiene: si el trabajador puede ‘desapuntarse’, la libertad individual queda protegida.

La última gran reforma, impulsada por José Luis Escrivá, creó el Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP), un macrofondo pensado para impulsar el segundo pilar. Pero el resultado es contundente: dos años después, no tiene ni un euro. La banca y las gestoras señalan a un responsable claro: sin auto enrolment, no hay masa crítica.

Un sistema que ya avanza por su cuenta

El único sector que ha dado un paso decidido es el de la construcción, que por convenio colectivo ha incorporado a todos los trabajadores a un plan de empleo propio, al margen del fondo público. Una prueba de que, cuando los actores sociales pactan, el modelo es viable incluso sin una norma estatal.

Bruselas insiste una y otra vez en que estas medidas “complementan” y no sustituyen a las pensiones públicas. Pero el escepticismo está ahí. Para muchos, la recomendación abre la puerta a un cambio silencioso en el contrato social europeo: de un sistema centrado en la solidaridad intergeneracional, a otro en el que cada individuo carga con una mayor responsabilidad financiera.

Aun así, la Comisión recuerda que los sistemas públicos seguirán siendo el pilar central. Su objetivo es otro: evitar que millones de europeos enfrenten la jubilación con ingresos insuficientes, especialmente los más vulnerables.

La discusión que se abre en España no es técnica, sino filosófica. ¿Debe el Estado facilitar —e incluso impulsar— que los ciudadanos ahorren para su jubilación, aunque ello implique cierto automatismo? ¿O sería ese paso una concesión indebida al sector privado? @mundiario