El reto de la banca integrada: ¿por qué Bruselas expedienta a España por la opa del BBVA al Sabadell?
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España que puede marcar un punto de inflexión en el papel de los gobiernos nacionales en las operaciones bancarias dentro del mercado único europeo. En el centro del conflicto está la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, bloqueada de facto por la intervención del Gobierno español al exigir condiciones extra para materializar la fusión de los bancos. Para Bruselas, esta actuación no solo contraviene los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento, sino que además interfiere en competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE).
El núcleo de la disputa gira en torno al uso que hizo el Ejecutivo español de una serie de normas nacionales —entre ellas la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 10/2014 sobre entidades de crédito y el Real Decreto 84/2015— para frenar o condicionar una operación empresarial que había sido aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo comunitario considera que estas normativas otorgan al Gobierno una capacidad de veto que excede sus competencias y vulnera el marco jurídico europeo. Especialmente grave le parece a Bruselas la decisión de elevar la operación al Consejo de Ministros, una intervención que entiende como políticamente motivada y no basada en razones objetivas de interés general.
Esta situación no es nueva. La Comisión ya había advertido meses atrás de que no veía base legal para que el Gobierno español interfiriera en una operación que, a juicio de las autoridades europeas, debe quedar en manos de los supervisores técnicos: el BCE y la CNMC. Pero el paso de las advertencias a la apertura formal de un procedimiento de infracción señala un endurecimiento claro del tono y de la postura europea.
El mensaje implícito tras este expediente va más allá de la opa concreta. En juego está uno de los pilares del proyecto europeo: la integración del mercado bancario. La Unión Europea ha trabajado durante años en la creación de una Unión Bancaria con tres pilares: supervisión única, resolución bancaria y garantía común de depósitos. Para que este modelo funcione, las operaciones de fusión o adquisición entre entidades deben estar regidas por criterios técnicos, no políticos. Lo contrario minaría la confianza en un sistema bancario integrado y uniforme en todos los Estados miembros.
La Comisión Europea podría llevar a España al TJUE
La fusión entre BBVA y Banco Sabadell podría haber sido —más allá de sus implicaciones económicas— un ejemplo práctico de esa integración bancaria que Bruselas lleva tiempo persiguiendo. En lugar de eso, ha terminado convirtiéndose en un caso emblemático de cómo el poder político nacional puede aún frenar —o condicionar gravemente— decisiones empresariales que afectan al conjunto del mercado europeo. Y en ese contexto, la Comisión Europea pretende sentar un precedente claro: las reglas del mercado único no pueden interpretarse ni manipularse a conveniencia de los intereses internos de un Estado miembro.
Desde un punto de vista jurídico, el procedimiento de infracción es una herramienta que permite a la Comisión hacer valer el cumplimiento del derecho comunitario. El Gobierno español dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a las observaciones formuladas. Si no lo hace, o si Bruselas considera que las respuestas no son satisfactorias y si no se produce un cambio en la legislación española, el caso podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que incluso podría imponer sanciones económicas.
El procedimiento abierto por Bruselas no se pronuncia sobre la conveniencia o no de la fusión entre BBVA y Sabadell, ni entra a valorar el modelo de negocio de ninguna de las entidades. Tampoco impone una obligación de aprobar la operación. Pero sí establece un marco claro: los Estados miembros no pueden frenar fusiones bancarias por motivos políticos o discrecionales si estas cumplen con la regulación comunitaria y han sido autorizadas por las autoridades competentes.
Más que una disputa entre un banco y un gobierno, el expediente abierto por la Comisión Europea contra España representa una prueba de fuego para la credibilidad de la Unión Bancaria. Si los Estados miembros pueden bloquear operaciones legales por intereses internos, el mercado único pierde eficacia. Y en un contexto de creciente competencia global, vulnerabilidad económica y necesidad de entidades bancarias sólidas, Bruselas parece decidida a no permitir fisuras en el sistema. @mundiario
