Barcelona se compromete a eliminar 10.000 pisos turísticos en cinco años
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un plan ambicioso para eliminar los pisos turísticos en la ciudad en un plazo de cinco años. El alcalde Jaume Collboni presentó esta iniciativa en una concurrida rueda de prensa, destacando la necesidad de abordar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. La medida, que se considera un punto de inflexión en las políticas de vivienda de la ciudad, busca transformar el panorama urbano de Barcelona.
Además, el Ayuntamiento ha propuesto una modificación significativa a la normativa implementada por la exalcaldesa Ada Colau, que obliga a los promotores a destinar un 30% de las viviendas construidas a vivienda social. La nueva propuesta permitirá agrupar estas viviendas en un solo edificio dentro del mismo barrio, en lugar de dispersarlas en diferentes proyectos. Esta modificación pretende responder a las críticas del sector inmobiliario y mejorar la eficacia de la normativa.
El anuncio sobre la eliminación de los pisos turísticos se enmarca en el decreto de la Generalitat, que obliga a los ayuntamientos a redactar un plan urbanístico en cinco años para determinar el número de pisos turísticos permitidos. Barcelona, que desde 2014 no admite nuevas licencias y mantiene congelada la oferta en 9.600, se compromete a extinguir todas las licencias actuales. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, afirmó que esta medida equivale a "ganar 10.000 pisos de uso residencial".
La decisión de eliminar los pisos turísticos no estará exenta de desafíos. Es previsible que los propietarios de licencias y su patronal, Apartur, emprendan acciones legales. La teniente de alcalde Bonet recordó que el decreto de la Generalitat contempla un plazo de cinco años como compensación para los propietarios afectados.
El plan de Collboni ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Janet Sanz, exresponsable de urbanismo bajo los comunes, calificó el anuncio de "cortina de humo" y subrayó que la medida de eliminación de licencias es una obligación legal, no una novedad. Por otro lado, el concejal de Junts per Catalunya, Damià Calvet, celebró la flexibilización del 30% pero propuso ajustes adicionales para facilitar la labor de los promotores.
El Ayuntamiento de Barcelona enfrenta un reto considerable al implementar estas políticas en un contexto de alta demanda de vivienda y tensiones políticas. La eliminación de los pisos turísticos y la modificación de la normativa de vivienda social son pasos audaces que podrían transformar significativamente la ciudad. El debate político y social en torno a estas medidas promete ser intenso, con el objetivo último de mejorar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.
Con estos cambios, Barcelona se posiciona en la vanguardia de las políticas urbanísticas y de vivienda, aunque no sin controversias y desafíos por delante. @mundiario
