Andalucía, Valencia y Cataluña acaparan más de la mitad de las viviendas turísticas

Málaga es la provincia que más acumula de todo el país, con cerca de 50.000 pisos vacacionales.
Carteles de alquiler y venta de una vivienda. / RR. SS.
Carteles de alquiler y venta de una vivienda. / RR. SS.

La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) no deja lugar a dudas: el turismo vacacional ha colonizado el mercado inmobiliario de España, y lo ha hecho con epicentro en tres comunidades autónomas. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran más de la mitad de las viviendas turísticas del país. Son 216.217 pisos convertidos en negocio, en una maquinaria imparable que crece cada año, a costa —en muchos casos— de expulsar a quienes solo quieren algo tan básico como un hogar.

Este fenómeno no es nuevo, pero su aceleración reciente resulta alarmante. En mayo de 2025, el INE contabilizó 381.837 viviendas destinadas al turismo en España, 5.374 más que en su anterior medición, y no muy lejos del récord absoluto alcanzado en agosto de 2024. Pero más allá del dato frío, lo que está en juego es el equilibrio de los barrios, el acceso a la vivienda para los residentes y la salud del modelo económico de muchas ciudades.

Andalucía lidera la carrera. Sus más de 96.000 viviendas turísticas marcan un máximo histórico. Málaga, con casi 50.000 unidades, ha batido su propio récord: el 6,3% más en solo seis meses. En la Comunidad Valenciana, Alicante sigue el mismo camino, con 40.273 pisos vacacionales, mientras Cataluña también escala posiciones con un 7,5% más, empujada por el auge en Girona y Barcelona. Este crecimiento explosivo contrasta con la falta de políticas contundentes para frenar los efectos secundarios de este fenómeno. Porque si algo ha dejado claro el boom turístico, es que no se puede seguir alimentando indefinidamente sin generar víctimas colaterales.

Las cifras de viviendas turísticas se han convertido en el termómetro más visible de una transformación silenciosa que afecta al corazón de las ciudades. Lo que antes era vivienda residencial, ahora es alojamiento temporal para visitantes. Lo que antes eran calles habitadas todo el año, hoy se llenan de maletas rodando cada mañana. Lo que antes era comunidad, ahora es tránsito.

Un modelo que amenaza la convivencia

El modelo de vivienda turística ha sido rentable, sí, pero también ha sido profundamente desigual. Los beneficios han ido a parar a grandes tenedores, inversores y plataformas digitales. Las consecuencias, en cambio, las pagan los vecinos: alquileres disparados, expulsión de los jóvenes de sus barrios, gentrificación, ruido y pérdida de identidad local. Málaga, Alicante o Barcelona no solo son líderes en oferta turística; también son símbolos de la lucha ciudadana contra una lógica que prioriza el beneficio privado frente al derecho a la vivienda.

En este contexto, la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración anunciado por el Gobierno es un paso, pero no es suficiente. Registrar no es regular. Nombrar no es controlar. Y mientras no se apliquen límites claros, mientras no se recupere vivienda para el alquiler estable, mientras no se fiscalice con rigor a quienes operan fuera de la legalidad, las cifras seguirán creciendo.

¿Turismo o derecho a la ciudad?

Es necesario preguntarse qué tipo de ciudad se está construyendo. ¿Queremos urbes que vivan del turismo o para el turismo? ¿O queremos ciudades donde los residentes tengan un lugar para quedarse, para formar comunidad, para desarrollarse? La vivienda turística no es el enemigo, pero cuando su crecimiento es desproporcionado, sin controles ni planificación, se convierte en una amenaza.

Resulta irónico que muchas de estas comunidades que lideran el ranking de pisos turísticos sean también las que más sufren la falta de vivienda asequible. Andalucía, por ejemplo, tiene zonas donde la vivienda social es casi inexistente. En Cataluña, los precios han vuelto a subir pese a los intentos de contenerlos. En la Comunidad Valenciana, ciudades como Valencia ya han empezado a hablar de “saturación turística”.

Frente a esta situación, hacen falta decisiones valientes. Prohibir nuevas licencias en zonas saturadas. Multar con contundencia a los ilegales. Incentivar la vuelta de pisos turísticos al mercado de alquiler residencial. Y, sobre todo, redefinir qué significa progreso en materia de vivienda. Porque más turismo no siempre es más bienestar. Y más beneficios para unos pocos no significa mejores condiciones de vida para la mayoría. @mundiario

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