Un testigo refuerza las acusaciones contra los canteranos del Real Madrid imputados por un vídeo sexual
El testimonio señala que las imágenes seguían circulando mucho después de su creación, aumentando la tensión en el caso.
Un nuevo giro en el caso de los cuatro futbolistas de la cantera del Real Madrid, R. A., F. R., J. R. y A. G., acusados de grabar y compartir un video sexual sin el consentimiento de dos jóvenes, una de ellas de 16 años, ha surgido con la declaración de un segundo testigo. El juez de instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Julio Wood Rodríguez, ha revelado que este testigo ha proporcionado información que refuerza las acusaciones en contra de los imputados.
Según adelanta El País, incluso después de un mes desde la grabación del vídeo el 15 de junio, las imágenes seguían circulando. En julio, un futbolista investigado las mostró al testigo en su teléfono móvil. Fuentes cercanas a la investigación indican que esta persona alertó a la menor sobre la existencia del video sexual y su propagación en chats. La madre de la víctima presentó una denuncia el 6 de septiembre, lo que condujo a la detención de tres de los imputados en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ocho días después.
El auto judicial, emitido el martes, destaca la existencia de un indicio que fortalece el testimonio del testigo: un archivo de audio en el que uno de los imputados admite haber recibido el video en su teléfono y habérselo mostrado a otra persona.
Localizar el vídeo sexual
El juez ha citado a los cuatro futbolistas a declarar como imputados el 8 de noviembre y ha autorizado a la Guardia Civil a realizar un volcado de los teléfonos móviles incautados el próximo lunes. La diligencia se llevará a cabo en la sede principal del instituto armado en Madrid, con el objetivo de localizar el archivo del video sexual después de que los acusados afirmaran haberlo borrado de sus dispositivos.
Asimismo, el magistrado ha ordenado que el rastreo de los móviles busque indicios del supuesto envío de las imágenes a terceras personas, así como el acceso a las conversaciones mantenidas por los cuatro implicados sobre la grabación desde el día en que se realizó hasta el momento en que la Guardia Civil les confiscó los dispositivos el 14 de septiembre. Esta medida ha generado controversia, ya que el abogado Juan Gonzalo Ospina, defensor de uno de los acusados, la considera una “injerencia en el derecho a la intimidad”. @mundiario
