La Fiscalía armó un cerco jurídico con una denuncia múltiple
El Barçagate ya está en manos del Juzgado quien recibe denuncia de la Fiscalí por los delitos de corrupción, administración desleal y falsedad en documentación mercantil.
El FC Barcelona se hunde. Es la sensación que genera la demanda formal realizada por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad condal. Luego de analizar todas las evidencias acusan a dos ex presidentes del club y a José María Enríquez Negreira por el delito de corrupción continuada, además de administración desleal y falsedad en documento mercantil. La pena va entre 6 meses y cuatro años de presión.
El Ministerio Publico dice tener todas las pruebas para demostrar que los pagos realizados por el FC Barcelona de forma sostenida a la empresa Dasnil 95 propiedad de Enríquez Negreira, en ese momento vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, obedecen a la compra de “actuaciones tendentes a favorecer la toma de decisiones de los árbitros”.
Se imputan en la denuncia a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, además de los ex ejecutivos Albert Soler y Óscar Gray. El club ha sido demandando como persona jurídica y podría recibir un castigo económico.
El argumento más sólido de la Fiscalía lo aporta una inspección fiscal realizada a la empresa Dasnil 95 donde se encontraron, según la denuncia, “facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”. En resumen la empresa actuaba como un operador financiero.
Los aportes abonados, además, son exagerador y no corresponden al pago de posibles informes o asesoramientos. Entre 2016 y 2018 el ex vicepresidente del CTA recibió 1 millón, 685 mil, 142.83 euros, todo por transferencia bancaria a la cuenta de la empresa en cuestión que luego eran retirados en altas sumas de efectivo o cheques al portador.
Si bien es cierto que todos se exponen a sanciones y penas civiles por ser la justicia ordinaria quien activo la investigación, el código penal español establece, en casos extremos, el descenso de categoría e incluso la disolución de la entidad encontrada culpable de corrupción. Esto deja abierta la posibilidad de que el FC Barcelona sea castigado no como un club de fútbol sino como empresa ordinaria. FIFA y UEFA, por su parte, tendrán la potestad de sancionarlo o no con la expulsión de sus torneos. @mundiario
