Los informes de inconstitucionalidad desmerita proyecto sobre medidas cautelares
La Asamblea Legislativa recomendó rechazar el proyecto sobre las modificaciones en las decisiones judiciales sobre prisión preventiva, libertad condicional y cautelares.
El proyecto gubernamental que busca introducir cambios en las decisiones judiciales sobre prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares enfrenta un revés significativo. Un informe de la subcomisión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, firmado por los diputados Horacio Alvarado (PUSC), Priscilla Vindas (Frente Amplio) y Dinorah Barquero (PLN), recomienda su rechazo, calculando en criterios del Ministerio Público y del departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
La subcomisión concluye que las reformas propuestas son inconstitucionales y van en contra del ordenamiento jurídico del país, que se rige por el principio de presunción de inocencia. En su informe, argumentan que no se puede anticipar que una persona representa un peligro social sin que esto constituya una sanción anticipada.
El proyecto pretende añadir una circunstancia adicional para que un juez dicte prisión preventiva: la consideración de que el sospechoso "representa un peligro para la sociedad". Esta adicción, según la propuesta, se insertaría como un inciso y al artículo 239 del Código Procesal Penal.
Según el proyecto, un juez podría considerar que una persona imputada representa un peligro para la sociedad si ha utilizado armas de fuego o armas en un delito, cuenta con monitoreo electrónico o tiene vínculos con organizaciones criminales. Además, se deben tomar en cuenta la gravedad del delito, la cantidad de hechos criminales imputados, si la actividad ilegal se castiga con prisión y la propensión a cometer delitos dolosos.
El Ministerio Público y el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa expresan su desacuerdo con la propuesta, señalando que atenta contra el principio de presunción de inocencia y que la prisión preventiva debe ser excepcional y debidamente justificada.
El informe de la subcomisión advierte que, de implementarse los cambios propuestos, se generaría un aumento considerable en la población penitenciaria, llevando a un mayor hacinamiento y, por ende, a la necesidad de más recursos económicos para enfrentar esta situación.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico deberá discutir y votar el informe elaborado por la subcomisión, lo que genera expectativas y debate en torno a las decisiones judiciales y las medidas cautelares en el sistema penal costarricense. @mundiario
