El debate en la Asamblea Legislativa sobre irregularidades en Asebanacio
Los diputados se preparan para discutir el informe de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.
Este jueves 16 de septiembre, en horas de la tarde los diputados de la Asamblea Legislativa abordarán el informe de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, centrado en las actividades de la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio). La investigación, aprobada de manera unánime en abril pasado, descubrió violaciones a la Ley de Asociaciones Solidaristas, especialmente en lo referente al artículo 14.
El informe señala que altos funcionarios del Banco Nacional ocuparon simultáneamente cargos en la Junta Directiva de Asebanacio, violando la ley y permitiendo condiciones irregulares para la obtención de créditos y beneficios directos relacionados con el traslado de fondos de prestaciones para la creación de la asociación solidarista. El período bajo examen abarca desde 2011 hasta 2017.
El documento incluye recomendaciones dirigidas al Banco Nacional y la Contraloría General de la República (CGR). La investigación también concluye que Asebanacio operó como un banco paralelo de manera irregular, con pérdidas estimadas en cerca de ¢15.000 millones.
En el marco del debate reglado, cada una de las seis fracciones parlamentarias dispondrá de un tiempo proporcional. Liberación Nacional tendrá hasta 40 minutos, Progreso Social Democrático (PPSD) 22 minutos, la Unidad Social Cristiana (PUSC) 20 minutos, Nueva República (PNR) 14 minutos, el Frente Amplio (FA) 12 minutos y el Liberal Progresista (PLP) también 12 minutos. De manera que todas las bancadas tengan suficiente tiempo para debatir sus ideas.
El informe del expediente 21.579 no solo revela las irregularidades detectadas sino que recomienda remitir la información al Ministerio Público y solicitar a la Fiscalía de Fraudes que investigue las anomalías en la concesión de préstamos a través de la asociación solidarista. Los legisladores sospechan que se han cometido delitos que deben ser acusados penalmente, además de las irregularidades administrativas y en la aprobación de créditos, poniendo en peligro los recursos destinados a los trabajadores de la institución. @mundiario
