La suspensión del alcalde Araya por contratación irregular de bufete
La Contraloría General de la República (CGR) ha determinado que el alcalde de San José, Johnny Araya, junto con dos funcionarios, deberán cumplir suspensiones sin goce de salario que oscilan entre 20 y 25 días. Esto se deriva de la contratación directa, sin concurso público ni estudios técnicos o legales, de un bufete de abogados para la asesoría jurídica laboral de la Municipalidad de San José.
Según la investigación de la CGR, el alcalde autorizó, el 21 de agosto de 2018, la contratación excepcional de la empresa BDS Asesores Jurídicos por ¢22,5 millones, sin respaldo de estudios de mercado o legales. El propósito de esta contratación era brindar asesoría a los abogados municipales en temas relacionados con la nueva ley de empleo público, capacitaciones y la renegociación de la convención colectiva.
La Contraloría subraya la ausencia de evidencia que respalde que BDS Asesores Jurídicos era el único proveedor en el mercado capaz de ofrecer la asesoría legal requerida. Según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), hasta mayo de 2022, había 395 proveedores registrados en la categoría de "servicios legales de empleo o laboral".
La pesquisa revela que el ayuntamiento procedió con la contratación directa calculando únicamente en una cotización y una revisión superficial de sitios web.
Ante estos hallazgos, la Contraloría decidió imponer suspensiones sin goce de salario: 20 días para Araya Monge y el director administrativo de la Municipalidad, y 25 días para el director de Asuntos Jurídicos. Estas sanciones, comunicadas en mayo de 2023 y ratificadas en noviembre, fueron el resultado de la resolución de un recurso de revocatoria presentado por los investigados.
Johnny Araya Monge ha expresado sentirse perseguido por la Contraloría, siendo esta su tercera suspensión sin goce de salario. Alega que la decisión de la Contraloría carece de fundamento y ha presentado un amparo electoral contra la sanción.
El alcalde también argumenta que, según el caso Petro versus Colombia, un cargo de elección popular no debería ser sancionado por decisiones administrativas. Sin embargo, la Contraloría ha mantenido sus sanciones, notificando al Tribunal Supremo de Elecciones para ejecutar la medida.
Araya está dispuesta a llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que esta jurisprudencia también aplica a Costa Rica. Mientras tanto, el contratista BDS Asesores Jurídicos pagó una multa de ¢2,25 millones al Estado en abril de 2022 para reparar el daño patrimonial causado por la contratación irregular. @mundiario