El grupo corporativo Saret apela sentencia de quiebra
El Grupo Corporativo Saret, en medio de un proceso de quiebra, ha interpuesto un recurso de revocatoria impugnando la sentencia del Juzgado Concursal que dio inicio al proceso de liquidación del conglomerado empresarial. Los dueños, Juan Bautista y Mariano Ramírez Steller, argumentan en el escrito presentado el 23 de diciembre de 2023 que la decisión judicial carece de sustento técnico, destacando errores de razonamiento.
En el documento de 16 páginas, los propietarios señalan que la sentencia presenta "errores groseros de razonamiento" y critican que la decisión sobre la insubsistencia se tomó sin el criterio del curador y que, a pesar de ello, se procedió en contra de la normativa jurídico. Además, cuestionan la falta de demostración de la incapacidad material del conglomerado para cumplir con sus propuestas de pago a los acreedores, según la sentencia del 15 de diciembre pasado.
La solicitud de comentario sobre el posible impacto empresarial, laboral y de negocios en caso de liquidación fue presentada al Grupo Saret este martes, y se espera una respuesta.
En la sentencia impugnada por los dueños, redactada por la jueza Jennifer Arroyo, se ordenó la disolución del grupo, la suspensión de los poderes de los administradores y representantes legales, así como la descripción en el Registro Público y el cierre de las sociedades pertenecientes al grupo.
Los argumentos presentados por el Grupo Corporativo Saret para enfrentar la quiebra incluyen la propuesta de venta de activos, ingresos por obras ofertadas y recursos de litigios pendientes. Sin embargo, la jueza indicó en su fallo que tras seis años de trámite, no ha habido avance en el proceso ni mejora en la condición financiera de las empresas.
Además, se destacó que en cinco de los juicios pendientes, de los cuales Saret buscaba obtener recursos, no hubo resolución favorable, y en algunos casos, se condenó al conglomerado al pago de costas. Aunque la apelación presentada argumenta que algunos de estos casos aún no tienen un fallo definitivo y podrían generar beneficios económicos.
El Grupo Corporativo Saret, fundado en 1976, solicitó la protección judicial al enfrentar una crisis financiera. Inicialmente, reportaron deudas por $33 millones, pero durante el proceso, los acreedores presentaron legalizaciones por $56,8 millones y ¢1.866 millones. La principal acreedora es Hidroeléctrica San Lorenzo, que reclama una deuda de $36,7 millones, seguida por el Banco de Costa Rica con un saldo pendiente de $8,4 millones. Otras instituciones públicas, como la CCSS, el IMAS, Desaf, el INS, AyA y el ICE, también reclaman el pago de deudas. @mundiario
