La controversia en la CCSS ante ajuste salarial
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, enfrenta resistencia y presenta una recusación contra tres directivos luego de la decisión de ajustar su salario, conforme a la orden de la Contraloría General de la República. La medida busca adecuar la remuneración de Esquivel, quien ha recibido críticas por presuntamente infringir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dos días después de que la Junta Directiva de la CCSS acatara la orden de la Contraloría para ajustar el salario de Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva anunció su resistencia a dicha medida y presentó una recusación contra tres directivos de la institución.
La Contraloría, en un pronunciamiento del 19 de diciembre, señaló que Esquivel recibiría una remuneración mensual de ¢7,1 millones desde su nombramiento en septiembre de 2022, violando así la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece un límite de ¢5 ,5 millones para cargos similares.
El máximo órgano de la CCSS, el pasado 9 de enero, decidió ajustar la remuneración de Esquivel con cinco votos a favor y uno en contra, dejando pendientes cuatro recomendaciones legales sobre el proceso de ajuste.
Esquivel no especificó las razones de la recusación, pero apunta contra Martha Rodríguez, representante de los trabajadores; José Loría, representante de las cooperativas; y Maritza Jiménez, representante del solidarismo. Además, anunció que consultará al Ministerio de Planificación sobre el salario correspondiente.
La Dirección Jurídica de la CCSS recomendó declarar "lesiva para los intereses públicos" la acción que fijó el salario de Esquivel y presentar acciones judiciales para anularla. Además, sugiere retener la diferencia salarial hasta que se resuelva la nulidad y recupere las sumas pagadas en exceso.
Andrey Quesada Azucena, abogado de la Dirección Jurídica de la CCSS, enfatizó que la acción de personal que fijó el salario de Esquivel fue irregular y posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ante ello, señaló que no hay argumentos razonables para recurrir ante la Contraloría, instando a acatar la orden del órgano fiscalizador. @mundiario
