Perú extiende el estado de emergencia en Lima y otras regiones por el aumento de las protestas

Policía Nacional del Perú en Juliaca, Puno. / RR.SS
Policía Nacional del Perú en Juliaca, Puno. / RR.SS

La ola de violencia desatada tras el autogolpe de Pedro Castillo se ha cobrado la vida de medio centenar de personas en todo el país, en medio de bloqueos y enfrentamientos con la Policía.

Perú extiende el estado de emergencia en Lima y otras regiones por el aumento de las protestas

El Gobierno de Perú ha prorrogado el estado de emergencia desde este domingo y por otros 30 días más en la capital del país, Lima, su región homónima, los departamentos de Cusco y Puno, así como en otras cuatro provincias y un distrito constitucional provincial como medida para controlar la intensa ola de violencia desatada por la serie de protestas antigubernamentales que exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte.

La medida estará vigente por un mes más, en el que se le autoriza al Ejército a intervenir en las protestas para mantener el orden, toda vez que medio centenar de personas hayan fallecido en medio de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El lunes de la semana pasada fue la jornada más mortífera, con la muerte de 17 personas en menos de 24 horas en la ciudad de Juliaca, al sur del país, cuando una turba de manifestantes pretendía tomar por la fuerza las instalaciones del aeropuerto de la ciudad en el departamento de Puno, cercano a la frontera con Bolivia.

A través del decreto gubernamental, el Ejecutivo ha ampliado el alcance del estado de emergencia en los lugares donde más se han registrado un aumento de la violencia, cuyo epicentro está en el sur del país. El 15 de diciembre el decreto había entrado en vigor en todo el territorio nacional. Ahora regirá en los departamentos de Lima, Cusco y Puno, así como en la provincia constitucional del Callao. También tendrá efectos en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.

La medida incluye cinco carreteras nacionales: la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur. Según el decreto oficial, quedan suspendidos los “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

Decretan "inmovilización social obligatoria" en Puno

Además, se ha decretado también la “inmovilización social obligatoria” en el departamento de Puno durante un periodo de 10 días, lo que implica que los habitantes de la región tendrán un toque de queda y deberán estar confinados en sus hogares desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente.

La norma precisa que la Policía Nacional del Perú mantendrá el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, en medio de la ola de violencia que se ha cobrado la vida de 49 personas, incluyendo manifestantes y agentes del Estado. Unas 17 personas fallecidas no pertenecían a ningún bando, sino que murieron en accidentes de tránsito provocados por los bloqueos de carreteras que los manifestantes han emprendido como medio de presión para exigir el cese del Gobierno de Boluarte.

Las protestas estallaron después de que el Congreso Nacional destituyera al expresidente izquierdista Pedro Castillo y que la Policía lo encarcelara, tras dar un autogolpe de Estado en un intento por disolver el Parlamento, gobernar mediante decreto, convocar una asamblea constituyente para reescribir la Carta Magna y ordenar una reestructuración del Poder Judicial, que le investigaba además por una presunta trama de crimen organizado, corrupción, tráfico de influencias y colusión.

Partidarios del expresidente izquierdista han pedido su liberación y han desatado una ola de protestas, enfrentamientos con la policía y disturbios con la exigencia de que Boluarte deje el poder, pese a que ocupa la sucesión constitucional que ampara la Carta Magna; que cese a todo su gabinete, aunque muchos ministros renunciaron tras unas semanas en el cargo debido a la presión; que se adelanten las elecciones para 2023 en lugar de 2024 como resolvió el Congreso, aunque deberían ser en 2025. También exigen reescribir la Constitución.

Las Fuerzas de Seguridad han estado en el ojo del huracán debido a la dureza con la que han reprimido a los manifestantes, lo que le ha valido a Boluarte advertencias de parte de organizaciones internacionales e incluso fricciones dentro de su Ejecutivo. Organizaciones de derechos humanos han recriminado al Ejército por hacer uso desproporcionado de la fuerza, pero los agentes han señalado a los manifestantes de usar armas y explosivos caseros. @mundiario

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