México en vilo: ciudadanos a prueba y a consulta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió y logró que el 1 de agosto de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una consulta popular con un tema polémico y muy delicado para la salud de nuestro sistema político: la posibilidad de que inicie un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas de años pasados. Así de general, impreciso y poco claro derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la propuesta de pregunta original que planteó el mandatario y que decía así:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La consulta está dirigida a enjuiciar a los expresidentes del periodo de 1988 a 2018, los 30 años que el actual gobierno considera como el periodo neoliberal que a su parecer empobreció a la población y privatizó la “riqueza” nacional.

Los juicios a las decisiones políticas de gobiernos de distintos cortes ideológicos han sido necesarios en muchos casos, en particular si pensamos en los regímenes fascistas y nazistas de la Europa de los dictadores, o los que han llevado a cabo tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad (Yugoslavia o Ruanda). En nuestro caso el trasfondo es más bien sobre la posibilidad de indagar si en el ejercicio de sus funciones los expresidentes del periodo neoliberal cometieron delitos y en caso afirmativo, procesarlos penalmente. Sin duda, como en la arena romana, el público pide la sangre de los gladiadores que han manchado la pureza de la nación y han perjudicado a la población.

La consulta abre una puerta hasta ahora cerrada y sellada 

Lo delicado de la consulta es que abre una puerta hasta ahora cerrada y sellada: procesar penalmente a la figura presidencial. Así como aquel episodio en que un presidente extranjero visitó la Cámara de Diputados y se discutió la posibilidad de ser cuestionado, lo que la mayoría de legisladores rechazaron ya que abría la puerta a que el presidente mexicano fuera cuestionado por el parlamento, situación muy común y sana en otras democracias. Es decir dos temas que parecen no contar con interés de la población pero que llevan en el fondo una verdadera transformación de la vida pública y política.

En otros países es cosa común que a un ex presidente o primer ministro se lo juzgue por las decisiones que toma como mandatario o, incluso, por actos de corrupción. La decisión de juzgarlos tiene como efecto no solo el hecho de que quienes ocupen ese cargo sepan que no son figuras intocables por encima de la Constitución y las leyes, sino también que todo actor político tenga claro que el primer deber en el ejercicio de la función pública es cumplir y hacer cumplir las normas con un sentido de beneficio común para toda la población y buscando en todo momento el desarrollo y estabilidad de la nación.

De igual forma, la posibilidad de que el congreso sea un contrapeso del Ejecutivo pasa porque exista un diálogo y confrontación con los representantes populares, de que sean los legisladores quienes no solo aprueben el presupuesto y la cuenta pública sino que vigilen el estricto cumplimiento del gasto público y que toda modificación relevante del presupuesto sea discutida y aprobada por el congreso y no dejar en manos del Ejecutivo y su jefe de la hacienda pública la discrecionalidad de gastar sin supervisión ni vigilancia.

Ambos aspectos son los que están detrás de la consulta pero como en toda propuesta política siempre existe un objetivo oculto. Lo evidente parece ser la necesidad apremiante que tiene el Presidente por establecer los temas de la agenda pública en una clara estrategia por evitar cuestionamientos y visibilización de los problemas más graves que padecemos hoy día y ante los cuales la respuesta de su gobierno no solo ha sido insuficiente sino en algunos casos totalmente incapaz: la gestión de la pandemia de COVID-19, la violencia y la delincuencia que hoy día suma más muertos que cualquier gobierno previo, el magro desempeño económico, la nula consecución de bienestar en los niveles y calidad de vida de la población (hoy hay más personas en pobreza que en los gobiernos previos), entre muchos otros.

También es evidente que la consulta responde al discurso de los 20 años de campaña del actual presidente en los que señaló los excesos y abusos de los ex presidentes pero que ahora como gobierno no ha podido sancionar, sea por ineptitud o de forma deliberada (el caso Lozoya es el ejemplo más acabado de la poca voluntad política por juzgar uno de los casos de corrupción más grave del gobierno de Peña Nieto).

¿Los platos rotos los pagará el INE?

Hay otro aspecto crucial: el silencio e inacción de los opositores. La consulta es un ejercicio político clave para poner al presidente en aprietos pero una de dos o las dos: la oposición no ha tomado conciencia del enorme capital político que le representaría promover una copiosa votación y provocar una acción vinculatoria obligada, o a sabiendas del peligro presente y futuro que representa juzgar y en su caso, encarcelar a ex presidentes, prefieren hacer mutis.

Lo único que parece muy claro es que la institución que va a pagar los platos rotos será el INE, al que el Presidente quiere reformar y controlar porque hoy día se ha dado cuenta que su capital político no solo no crece sino que va disminuyendo y que las elecciones de 2024 representan su muerte política o su resurrección histórica. Al final de este episodio lo que más debemos lamentar es que un instrumento político como la consulta popular sea utilizado para saciar la sed de poder político de nuestras élites y no para decidir temas trascendentes que a todos nos afectan. @mundiario