Una huelga agraria pone en jaque al Gobierno de Sagasti en Perú
La crisis social no se ha ido de Perú. Una huelga de los trabajadores agroexportadores, quienes piden una nueva ley agraria, ha puesto en jaque al Gobierno de transición de Francisco Sagasti. El último miércoles ya se registró la primera consecuencia: un violento enfrentamiento con la policía, dejó el saldo de tres personas fallecidas a la altura de la carretera Panamericana Norte. Una de las víctimas era un menor de edad que no participaba de las protestas y, por casualidad, le cayó un proyectil.
En las últimas horas, precisamente, se viralizó una fotografía de un agente policial que disparaba con un arma letal, tal como ocurrió en noviembre pasado durante las masivas protestas ciudadanas contra el régimen de Manuel Merino, en la que los jóvenes estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado terminaron perdiendo la vida debido a los perdigones lanzados por las fuerzas del orden. A inicios de este mes, además, Jorge Yener Muñoz recibió estas balas en el inicio de las manifestaciones de los trabajadores agrarios.
Tras conocerse las muertes y la falta de acción inmediata, el Ejecutivo reaccionó la tarde de este jueves. El ministro del Interior, José Elice, anunció una investigación para hallar a los responsables de los disparos en las protestas. “Aparentemente un miembro de la Policía Nacional ha usado armas de fuego durante el control de la manifestación”, apuntó. Además, agregó "nada justifica que la policía use armamento prohibido en estas circunstancias, va contra la ley y los reglamentos”.
En plena convulsión social, Andrés Chávez, el alcalde de Virú, el distrito donde la policía causó las muertes, pidió la presencia de la primera ministra Violeta Bermúdez para llegar a un consenso que pueda resolver el conflicto. Si embargo, la posición del Ejecutivo ha sido tratar de que los congresistas elegidos por la región La Libertad, donde se ubica Virú, sean sus interlocutores.
Por lo pronto, han anunciado que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, sea el mediador con los trabajadores agroexportadores y, además, se convocará al foro del Acuerdo Nacional para discutir una salida a la crisis en el norte del país. El detonante del estallido social se dio por la ley de promoción agraria que promulgó Alberto Fujimori al final de su gobierno en el 2000.
Esa iniciativa denominada como la 'Ley Chlimper' -debido a que lo impulsó el empresario agroexportador José Chlimper en su instancia en el Ministerio de Agricultura-, lejos de beneficiar a los trabajadores del campo, ayudaba a las grandes empresas a estar exonerados de los pagos tributarios y las gratificaciones sociales. Un ejemplo de ello es la siguiente formula: las empresas pagan 15% de impuesto a la renta, cuando las del régimen general pagan 29.5%. La norma fue ampliada, por primera vez, en los últimos días de la administración de Alejandro Toledo en 2006. El año pasado, el expresidente Martín Vizcarra firmó una segunda ampliación hasta el 2031.
El Congreso derogó esta norma e impulsó una nueva que fue aprobada el martes pasado. En la legislación se apunta que solo establece que la remuneración mínima vital agraria no debe ser inferior a la del régimen general, que es de 31 soles diarios. Además, se le otorga un bono adicional de 279 soles. Sin embargo, los trabajadores han rechazado estos montos y exigen que se eleve a 70 soles porque las empresas seguirán ganando con el impuesto a la renta que pagarán hasta el 2030 sin modificaciones. Si no hay cambios, las protestas se volverán indefinidas a partir del próximo lunes. @mundiario
