La Justicia del Perú dicta 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo por corrupción

Pedro Castillo, expresidente del Perú. / RR.SS.
Pedro Castillo, expresidente del Perú. / RR.SS.
El juez ha valorado el "riesgo de fuga" del expresidente peruano, y ha asegurado que se trata de un juicio que reviste de "alta complejidad" por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La Justicia del Perú dicta 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo por corrupción

El Juzgado Supremo de Investigación preparatoria ha aceptado este jueves la solicitud hecha por el Ministerio Público, por lo que ha dictado unos 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, que se encuentra detenido y con unos 18 meses de cárcel provisional por intentar dar un autogolpe de Estado que terminó fallando. En esta ocasión, el juez ha ordenado que cumpla tres años tras las rejas mientras se resuelven los causas por corrupción que sigue teniendo pendiente con la justicia.

Castillo es investigado por varios casos, principalmente por presuntamente liderar una organización criminal desde el seno del Ejecutivo y que supuestamente se habría dedicado a la adjudicación de contratos para obras públicas y nombramientos irregulares para cargos en el Gobierno. Oficialmente, la Fiscalía ha imputado al expresidente por la presunta comisión de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Durante una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ha afirmado que la petición de la Fiscalía de prisión preventiva por tres años es “razonable”, pues el juicio “reviste un alto nivel de complejidad a complejidad” y que el caso de Castillo cumple con los extremos de la ley: peligro de fuga y obstaculización de la justicia, especialmente tras las denuncias de la fiscal general Patricia Benavides acerca del amedrentamiento de testigos.

El magistrado ha indicado que el exmandatario podría enfrentarse a una pena de 32 años de cárcel, la misma condena que calculó la Fiscalía, en caso de ser encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaron. El juez Checkley aclaró que, si bien Castillo cumple unos 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por la presunta comisión de traición y conspiración, esa medida cautelar fue tomada por el juez que instruye la causa por el autogolpe de Estado, por lo que no cubre las investigaciones vinculadas a la supuesta trama criminal que operaba en su Gobierno. El juez también ha explicado que esta orden de prisión se desarrolla en paralelo a la anterior, no es sumatoria, por lo que ambas vencen por separado.

El magistrado ha valorado el "riesgo de fuga"

Respecto al riesgo de fuga y arraigo del expresidente, el juez ha valorado que la detención de Castillo se realizó a contrarreloj para impedir que se refugiara en la embajada de México en Lima, donde pediría asilo político al Gobierno de ese país, como han confirmado tanto el embajador de la legación diplomática y el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También ha tomado en consideración que la exprimera dama peruana y sus hijos sí consiguieron marcharse hasta México, fueron recibidos por López Obrador e incluso se les concedió el estatus de asilados.

En cuanto al arraigo, el magistrado ha tomado en cuenta que Castillo no tiene domicilio real y actual, dado que fue expulsado del Palacio del Gobierno tras su destitución como jefe de Estado y ahora está recluido en el penal del Barbadillo desde diciembre.

Por su parte, el acusado se ha limitado a rechazar el dictamen del tribunal. “Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, ha sostenido Castillo en medio de la audiencia virtual. “No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencia”, ha añadido.

El exmandatario también ha criticado que la petición fiscal se sustente en el riesgo de fuga, dado que está recluido en una cárcel de “alta seguridad”, y que no tiene arraigo familiar, pues ellos están en México. Sin embargo, el magistrado ha dictado exactamente la misma medida cautelar contra los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López respectivamente, ambos señalados de ser colaboradores de la trama de corrupción. @mundiario

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