Florida da marcha atrás ante la pandemia del coronavirus

Prueba de Covid-19. / RR SS.
Prueba de Covid-19. / RR SS.

Nueve de cada diez camas en unidades de terapia intensiva están ocupadas por pacientes de COVID-19 que no se han vacunado.

Florida da marcha atrás ante la pandemia del coronavirus

El estado norteamericano de la Florida da este jueves un paso atrás en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Las empresas y los gobiernos locales de la Florida que exijan a los clientes o al público una prueba de vacunación de la COVID-19 pueden afrontar multas hasta de 5.000 dólares.

A principios de este año, el Congreso floridano, en el que los republicanos son mayoría, aprobó el proyecto de ley número 2006, que establece esas multas. En mayo, el gobernador Ron DeSantis, también republicano, le dio su visto bueno.

La oposición del gobernador

Según la ley, las empresas, las escuelas y los gobiernos recibirán una multa de 5.000 dólares por cada infracción individual. Las empresas y los gobiernos sí pueden exigir la vacunación a sus empleados, pero DeSantis se opone a esa exigencia. También está en contra de que la vacuna contra la COVID sea obligatoria en hospitales y residencias de ancianos, donde en realidad es más urgente que en muchos otros lugares.

Algunas empresas, como Live Nation, organizadora de conciertos multitudinarios, están autorizadas a pedir al público prueba de vacunación o un resultado negativo de la prueba del coronavirus, pero estas excepciones son muy escasas.


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El gobernador de la Florida piensa que exigir la vacuna es una violación de la libertad personal. DeSantis antepone la libertad de los individuos que por razones anticientíficas no se quieren vacunar a la libertad colectiva –y también individual– de estar a salvo del contagio. O visto desde otro ángulo, como dijo Nikki Fried, comisionada de Agricultura del estado y aspirante a la gobernación en las elecciones del año que viene, la postura de DeSantis “es un insulto a la libertad de mercado que él dice defender”, ya que no permite a las empresas decidir sus propias normas ante la amenaza del coronavirus.

Entretanto, uno de cada 500 norteamericanos ha muerto por la COVID-19. Según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 15 de septiembre habían fallecido 663.929 personas en los Estados Unidos, cuya población, de acuerdo con el Censo de 2020, era de 331,4 millones en abril de ese año.

Al borde del colapso

En la Florida, al igual que en Texas, nueve de cada diez camas en las unidades de terapia intensiva de los hospitales están ocupadas por pacientes de COVID, y esos pacientes no se habían vacunado. En esos estados, el sistema de cuidados urgentes puede estar a punto de colapsar si no se incrementa el ritmo de vacunación a toda velocidad.

En mayo pasado, cuando se había logrado un gran avance en el índice de inmunizados, el presidente Joe Biden dijo que las personas vacunadas podían dejar de usar la mascarilla y prácticamente vivir como antes de la epidemia. Pero la variante delta, más contagiosa que

las cepas anteriores, se extendió por el país velozmente. La nueva variante, sumada a la negativa de muchos norteamericanos a vacunarse por diferentes motivos –razones religiosas, bulos difundidos en los medios sociales, temores infundados– empeoró una crisis que ha convertido a los Estados Unidos en el país con más fallecidos por coronavirus en todo el mundo.

El doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, afirmó a fines de julio: “Es realmente una pandemia entre los no vacunados”. Lamentablemente, DeSantis y los políticos republicanos de la Florida se niegan a aceptar la evidencia científica.


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