¿Será España capaz de agarrar el toro de la corrupción por los cuernos?

La sociedad española debe exigir mucha más limpieza de parte de sus funcionarios públicos y no dejar de presionar para adecentar la cosa pública, aunque el entorno no sea propicio para ello.

Cuando el editor de MUNDIARIO me pidió que escribiera algo que recogiera mi punto de vista sobre los españoles y la corrupción desde mi perspectiva de extranjero, acepté el encargo con cierto porcentaje de ansiedad. Después de todo, no soy consumidor habitual de noticias españolas aun cuando estas no son difíciles de conseguir. Sin embargo, me aventuré a hacer varias averiguaciones como para escribir algo que tenga sentido.

A decir verdad, no me escandalizo cuando leo noticias sobre casos individuales de corrupción política en cualquier lugar del mundo. Debe ser porque en mi país de origen ocurren tantos casos que ya estoy desensibilizado, o tal vez porque sé que el poder corrompe. Por eso, leer sobre el caso Nóos en la prensa española no me afecta. Sin embargo, puedo entender perfectamente el que sí les quite el sueño a los españoles, porque la Casa Real ha sido tocada muy de cerca gracias a que los nombres de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin salieron a relucir demasiado. Cada quién es inocente hasta que se demuestre lo contrario fuera de toda duda razonable, pero si es así (asumiendo que la Infanta se sentará en el banquillo) la monarquía española sufrirá un daño irreparable y no habrá Felipe, Letizia o Leonor que lo arregle.

Aunque noticias sobre corrupción política no me quitan el sueño, soy de los que piensa que esta es inaceptable porque se trata de funcionarios públicos que piensan que están por encima de las leyes que todos los demás tenemos que cumplir y porque estoy de acuerdo con la definición del término ofrecida por dos candidatos primaristas de Izquierda Unida en una columna escrita para El País: “la corrupción política es el mal uso del poder – otorgado democráticamente en España – para conseguir beneficios ilegítimos, casi siempre dirigidos a engordar cuentas privadas y personales”. O sea, que la corrupción es el despilfarro de dinero que de otra forma podría utilizarse para mejores propósitos. Además, debido a que la corrupción deslegitima las instituciones políticas y las hace perder confianza ciudadana, el peligro a largo plazo de degradación radica en que el problema siga ocurriendo. No se hace una transición a la democracia para que los representantes del pueblo abusen después del poder que este les delega.

De igual forma, es necesario poner el problema de la corrupción política en perspectiva. No se trata de minimizarlo, sino de calcular su magnitud con más exactitud. Los candidatos de IU calculan el balance hasta ahora de la corrupción política en España en 130 casos abiertos, casi 2.000 imputados, 180 condenas y casi 50 personas en la cárcel – un balance que bien puede justificar cualquier indignación ciudadana alrededor del país. Por su parte, las cifras de la ONG Transparency International (TI) para 2013 revelan que un 65% de los españoles encuestados pensó que la corrupción es un problema serio para el sector público y otro 67% creyó que esta ha aumentado un poco o mucho entre 2011 y 2013. Por otro lado, según TI, España no fue el país más corrupto del mundo en 2013 (ese honor cayó en Afganistán, Corea del Norte y Somalia) y en cuanto a percepciones de corrupción España está en el mismo lugar que la mayor parte de los países de Europa del Este y mucho mejor que sus socios comunitarios Italia y Grecia. El hedor no es tóxico, pero sí hay algo podrido en Dinamarca.

Bipartidismo y grandes intereses

Aun así, leí un informe emitido por la sección española de TI que me pareció interesantísimo y cuyas conclusiones tienen mucho sentido. El informe culpa directamente al sistema bipartidista existente y sus conexiones con los grandes intereses económicos y mediáticos por sentar las bases para un sistema de integridad nacional débil y prácticamente ineficaz para que los ciudadanos puedan imponer el bien común y ofrece una conclusión más contundente: se habla mucho desde las esferas del poder de aniquilar la corrupción política pero casi a regañadientes o sin validar luego la palabra empeñada porque un verdadero cambio no le es conveniente a todos estos intereses.

La situación puede venir de antigua: según las cifras de TI para 2013, un 83% de los españoles pensó que los partidos políticos eran corruptos o extremadamente corruptos, mientras que un 67% pensó lo mismo del Parlamento y un 51% lo hizo con la rama judicial. También leí sobre la doctrina Botín, la cual me parece un error y, peor aún, contribuye a que el sistema de integridad nacional español sea tan ineficaz. Si se le aplica al caso de la Infanta Cristina, no habrá manera de hacer justicia y hacer saber la verdad – nada bueno para la lucha anti-corrupción.