El Tribunal Supremo ordena a Iberdrola demoler la presa de Los Toranes

El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que debe ser Iberdrola la que corra con los gastos de la demolición.
Presa de Los Toranes. / RR SS.
Presa de Los Toranes. / RR SS.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Iberdrola debe asumir la demolición de la presa de Los Toranes, situada en el río Mijares, Teruel. La sentencia, fechada el 8 de julio, rechaza el recurso presentado por la eléctrica y ratifica que la empresa debe hacerse cargo de los costes del derribo, en cumplimiento de las exigencias de la Administración estatal tras la extinción de la concesión hidroeléctrica en 2018. La decisión ha generado un fuerte debate entre las comunidades locales y los grupos ecologistas.

La presa de Los Toranes, construida en 1943, tiene un muro de 17 metros de altura y una capacidad de un hectómetro cúbico. La Confederación Hidrográfica del Júcar había emitido un informe desaconsejando su mantenimiento, citando intereses públicos, exigencias medioambientales y la dudosa rentabilidad de la infraestructura.

Según el tribunal, la normativa vigente permite a la Administración exigir a Iberdrola que se encargue de la demolición, aunque el título concesional original no contemplaba esta obligación.

Sentimientos y necesidades

David Hammerstein, representante de Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre, ha aplaudido la decisión judicial, argumentando que la demolición mejorará el río Mijares y los Estrechos de Mijares. Sin embargo, figuras políticas locales como el alcalde de Olba, Federico Martín (PSOE), han expresado su rechazo, acusando al Gobierno central de ignorar los sentimientos y necesidades de la España vaciada.

La controversia se intensificó cuando el Gobierno de Aragón intentó, sin éxito, declarar la presa como Bien de Interés Cultural para evitar su demolición. Mientras los ecologistas defienden la eliminación de infraestructuras obsoletas para recuperar los entornos naturales, los habitantes de la zona temen que la desaparición de la presa afecte negativamente a su comunidad. La sentencia del Supremo, no obstante, pone fin al largo proceso legal, obligando a Iberdrola a ejecutar y financiar el derribo de la presa. @mundiario

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