La sanidad pública española no goza de una buena salud

Fachada del Ministerio de Sanidad de España. / Luis García (Zaqarbal) - Wikipedia
Fachada del Ministerio de Sanidad de España. / Luis García (Zaqarbal) - Wikipedia

El gasto sanitario privado crece a niveles históricamente altos en épocas de crisis, mientras el gasto público per cápita sigue desplomándose.

La sanidad pública española no goza de una buena salud

Los avatares bélicos, políticos  y económicos del primer tercio  del  S.XX fueron determinantes para el avance de  un Estado de “Providencia” a otro de “Bienestar”. El impulso de las políticas Keynesianas implantadas después de la II Guerra Mundial sientan las bases para aplicar medidas de política económica que buscan, además del “pleno empleo”, una seguridad social de carácter universal y la educación gratuita, en aras de una sociedad más justa, mediante la redistribución de los recursos generados por el capitalismo. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se consagran los denominados “derechos de segunda generación” que engloban la salud y el bienestar.

Con todos estos ingredientes, los países europeos han ido creando un sistema sanitario público que trata de dar respuesta a los grandes principios adoptados en los años cuarenta. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos al desmantelamiento y a la privatización del mismo. Y no parece ser una casualidad, sino fruto de una estrategia diseñada por los grandes poderes financieros y corporativos que vienen a formar el neoliberalismo, ayudados eso sí, por los organismos internacionales tales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea. Los tres “mandamientos” que se derivan de esta corriente neoliberal apuestan por una retirada paulatina del sector público en la prestación sanitaria, acompañada del copago, a la vez que se expande el sector privado gracias a la liberalización de los servicios sanitarios y a base de desregulación dentro del sector público.

¿Qué ocurre en España? La Ley General de Sanidad, aprobada en el año 1986, vino a poner las bases del Sistema Nacional de Salud, desvinculando la prestación pública de las cotizaciones sociales y ligándola  a los impuestos. Esto no fue óbice para que, en los últimos años, por ejemplo, se dejase fuera de la cobertura pública a los inmigrantes irregulares que, sin poder cotizar, pagan impuestos. Entonces, si a las recomendaciones de los organismos internacionales unimos los efectos de la crisis económica y financiera, tenemos el caldo de cultivo necesario para  dar cumplimiento al “catecismo” neoliberal señalado, plasmado en el Real Decreto 16/2012 -que cambió el copago de fármacos y los requisitos de acceso a la sanidad pública-, en el recorte presupuestario de más 9.000 millones de euros en los últimos cinco años y en la externalización de servicios fundamentales, quedando sin resolver la gran aspiración sanitaria de equidad y universalidad.

El recorte presupuestario de más 9.000 millones de euros en los últimos cinco años y en la externalización de servicios fundamentales hace que la sanidad pública española no pasa por un buen momento. Al contrario de lo que le ocurre a la privada, que ha mejorado considerablemente en los últimos diez años, en los que ha duplicado su tamaño, pasando a representar el 36% del total.

Con los datos en la mano, podemos afirmar que la sanidad pública española no pasa por un buen momento, no goza de buena salud, al contrario de lo que le ocurre a la privada, que ha mejorado considerablemente en los últimos diez años, en los que ha duplicado su tamaño, pasando a representar el 36% del total.  El último informe publicado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), constata que el gasto sanitario privado crece a niveles históricamente altos en épocas de crisis, mientras el gasto público per cápita sigue desplomándose.  No caigamos en la trampa de las medias, pues este comportamiento no es homogéneo en todas la CC.AA.: mientras las forales aumentaron su presupuesto sanitario per cápita entre 2013-1015 -hasta los 1600 euros-, otras lo reducen considerablemente, como es el caso de Murcia, La Rioja o Galicia, que comprime su dotación sanitaria por habitante hasta los 1077 euros, situándose a la cabeza de los recortes en este servicio.

En la forma, el debate pivota alrededor del grado de eficiencia de los sistemas sanitarios privado y público, pero, a priori, no podemos afirmar que el segundo modelo tenga peores resultados que el primero, aunque se repita constantemente el argumento de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Quizás sea clave introducir criterios profesionales y no fidelidades políticas para los gestores de los grandes centros sanitarios, potenciando los resultados, pero también la implicación de la universidad y la investigación. La búsqueda de sinergias de conocimiento y la experiencia en los procesos médicos complejos -a menudo poco rentables para la sanidad privada- ponen el foco en el  fondo, que no es otro que el gran riesgo de la privatización sanitaria en la que estamos inmersos y sus efectos sobre el avance futuro.

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