La sanidad madrileña entre dos mundos: la realidad de las demoras locales y el negocio de Quirón
La situación actual de la sanidad pública en Madrid ha puesto en evidencia una serie de tensiones que surgen cuando la gestión privada entra en el terreno de lo público. Desde 2019, varios hospitales de la red pública madrileña gestionados por la empresa Quirónsalud han comenzado a implementar turnos de resonancias nocturnas, una estrategia que, aunque reduce las listas de espera para algunos pacientes, deja en un segundo plano a aquellos residentes en la zona, que sufren demoras de hasta un año o más.
La maquinaria privada que no para
La ironía del sistema radica en que, mientras la Comunidad de Madrid aplaude la eficiencia de los hospitales de gestión privada, como la Fundación Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos, muchos pacientes locales se ven obligados a esperar meses o incluso más de un año para ser atendidos. Esta disfunción se evidencia especialmente en lugares como el Hospital de Villalba, en la sierra madrileña, donde los pacientes forasteros se benefician de citas rápidas, pero los vecinos locales se enfrentan a una espera interminable. La imagen de las resonancias a la medianoche, donde los pacientes esperan en soledad en un pasillo desierto, parece más propia de un escenario de película de terror que de una estructura sanitaria moderna.
Quirónsalud, al gestionar estos hospitales, cobra por cada resonancia realizada a pacientes ajenos a la zona, lo que representa un importante ingreso adicional para la empresa. Sin embargo, a los pacientes que viven cerca de estos hospitales, por quienes no reciben retribución alguna, les toca soportar largas esperas para ser atendidos. Mientras tanto, la empresa sigue ampliando su red de pacientes externos, un modelo que tiene más incentivos económicos que sociales.
La paradoja de la libre elección
Este modelo tiene sus raíces en una política implementada en 2013 por el gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, conocida como el sistema de libre elección. El objetivo original era dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir el hospital donde fueran tratados, fomentando una supuesta competitividad entre centros para mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, la práctica ha demostrado que no todos los hospitales públicos tienen las mismas oportunidades de atraer pacientes externos, y son los hospitales gestionados por empresas privadas como Quirón los que realmente se benefician de este sistema.
El caso de Villalba es un buen ejemplo: en 2023, este hospital atendió a 33.486 pacientes de fuera de su zona, mientras que los vecinos de la localidad se quejan de que sus citas se demoran hasta 2026, en algunos casos. Para agravar aún más la situación, la gestión de estos hospitales se ha vuelto más opaca, con la Comunidad de Madrid omitiendo datos sobre la cantidad de pacientes externos atendidos en su memoria anual, lo que alimenta las sospechas de que existe una estrategia de ocultar la relación entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y las grandes empresas sanitarias como Quirón.
Un sistema sanitario a la deriva: el precio de la privatización encubierta
Es evidente que el sistema sanitario madrileño está siendo mal gestionado en varios aspectos. La paradoja es que la mejora en los tiempos de espera para algunos pacientes no está siendo equilibrada con el acceso real a los servicios para los residentes locales. La sobrecarga de trabajo en estos hospitales, que tratan de maximizar sus ingresos con pacientes externos, ha llevado a la saturación y a la precariedad del servicio para los ciudadanos que, por su ubicación, deberían ser atendidos de manera prioritaria.
El resultado es un sistema roto: por un lado, la empresa privada gestiona los hospitales como centros de negocio, donde la eficiencia está orientada al beneficio económico; por otro, el sistema público está sobrecargado y se resiente, porque no recibe los recursos necesarios para atender a los ciudadanos que realmente necesitan ser atendidos en su hospital más cercano. Los pacientes, atrapados entre estas dos realidades, terminan pagando el precio de un modelo sanitario que favorece más el bolsillo de las empresas que la salud de la población.
Es necesario replantear este modelo y buscar alternativas que prioricen las necesidades de la población local sin depender de los intereses privados. La calidad del servicio sanitario debe basarse en principios de equidad, accesibilidad y eficiencia, no en el beneficio económico de unos pocos. El futuro de la sanidad madrileña está en juego y solo un cambio de rumbo permitirá que todos los madrileños puedan acceder a un servicio público de calidad, sin importar su lugar de residencia. @mundiario
