Qué supone el vertido de 500.000 metros cúbicos de lodos en la ría de Pontevedra
La historia se repite, pero con más urgencia, más cifras y menos consenso. Más de quince años después de su primer intento, la Xunta vuelve a poner sobre la mesa un proyecto tan ambicioso como controvertido: retirar 500.000 metros cúbicos de sedimentos del fondo de la ría de Pontevedra y verterlos en alta mar. La operación, valorada en 12 millones de euros, pretende mejorar la navegabilidad del río Lérez, pero amenaza con reactivar uno de los conflictos ambientales más sensibles del litoral gallego.
Según recuerda EL PAÍS, el plan no es nuevo. Ya en 2010 generó una oposición frontal que acabó por frenarlo. Entonces, el rechazo al vertido cerca de la isla de Tambo fue suficiente para paralizarlo. Hoy, con un nuevo punto de descarga denominado “zona B”, situado a menos de tres kilómetros del Parque Nacional Illas Atlánticas, el Gobierno gallego vuelve a intentarlo. Esta vez, con el respaldo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica, pero con una contestación social que no ha desaparecido.
La clave del proyecto está en una ecuación incómoda: seguridad marítima frente a impacto ecológico. Portos de Galicia defiende que la pérdida de calado en el canal del Lérez compromete la operatividad portuaria y la seguridad de la navegación. Pero al otro lado, una treintena de colectivos —desde cofradías de pescadores hasta organizaciones ecologistas— advierten de que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
No se trata solo de mover arena. El dragado implica remover décadas de acumulación de sedimentos, una mezcla compleja que incluye finos, materia orgánica y potenciales contaminantes. Un 15% de esos materiales tiene alta capacidad de dispersión, lo que eleva el riesgo de expansión más allá del punto de vertido. El conflicto, por tanto, no es técnico. Es político, económico y, sobre todo, emocional: enfrenta dos formas de entender el mar, como infraestructura o como ecosistema.
Un vertido en zona protegida
El lugar elegido para depositar los lodos no es un espacio cualquiera. Se encuentra dentro de la Red Natura 2000, concretamente en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Aunque el informe ambiental asegura que el impacto será “poco significativo y compatible”, la simple idea de verter residuos en un área protegida ha encendido todas las alarmas.
Según los estudios oficiales, la turbidez generada por el vertido afectará de forma temporal a las aves, dificultando su capacidad para detectar presas. La afección, dicen, será limitada en espacio y tiempo. Pero para los colectivos críticos, este tipo de evaluaciones subestiman los efectos acumulativos y los riesgos a medio plazo.
La cercanía al Parque Nacional Illas Atlánticas —el único espacio gallego con la máxima protección ambiental— añade una capa extra de tensión. Aunque las manchas de turbidez no alcanzarían directamente sus costas, la proximidad simbólica pesa tanto como la física.
El marisqueo, en el punto de mira
Ahora bien, si hay un sector que observa el proyecto con inquietud es el marisquero. La propia Xunta reconoce que el impacto del dragado será “severo” en los bancos de la ría de Pontevedra. La actividad tendrá que detenerse durante las obras, aunque no se ha concretado por cuánto tiempo.
Para miles de familias que dependen del mar, la incertidumbre es total. No solo preocupa la paralización temporal, sino las posibles consecuencias a largo plazo: disminución de la productividad, alteración de los hábitats y aumento de fenómenos como las mareas rojas.
Los profesionales del sector exigen garantías económicas claras. No hablan de ayudas, sino de compensaciones. Reclaman que se cubran los daños reales, tanto los inmediatos como los que puedan aparecer con el tiempo en la ría de Arousa, donde temen que las corrientes arrastren parte de los sedimentos.
Una oposición que no se diluye
La imagen de unidad entre pescadores, mejilloneros, ecologistas y sindicatos no es casual. Todos comparten la sensación de que el proyecto avanza sin haber resuelto las dudas fundamentales. Consideran “preocupante” la composición de los lodos y alertan de la posible dispersión de contaminantes.
Además, cuestionan la elección del punto de vertido, que se sitúa cerca de un antiguo emplazamiento ya descartado en el pasado. Para ellos, el cambio de ubicación no supone una solución, sino un desplazamiento del problema.
La oposición no es solo técnica; es también una batalla por el relato. Mientras la Xunta habla de modernización y seguridad, los críticos hablan de riesgo, opacidad y falta de sensibilidad ambiental.
El dragado del Lérez se ha convertido en algo más que una obra pública. Es un símbolo de las tensiones que atraviesan la gestión del litoral: desarrollo frente a conservación, economía frente a ecología.
La pregunta que sobrevuela el debate es sencilla, pero incómoda: ¿hasta qué punto es aceptable intervenir en un ecosistema protegido para garantizar la actividad portuaria? La respuesta, como casi siempre en estos casos, no es técnica, sino política. @mundiario
