Orgías, heroína y trata: el caso del psiquiatra que drogaba y violaba a sus pacientes en Marruecos
El juicio contra un psiquiatra de la ciudad de Fez ha destapado uno de los mayores escándalos de abusos sexuales atribuidos a un profesional sanitario en Marruecos. El tribunal de la capital religiosa del país ha condenado al médico, identificado como S. I., a 20 años de prisión por drogar y violar a diez mujeres que acudieron a su consulta para tratarse. El proceso, seguido con enorme expectación pública, se ha cerrado en la noche del lunes tras semanas de testimonios que han conmocionado a la opinión pública.
Según el balance judicial, el acusado se encontraba en prisión preventiva desde junio de 2025. Junto a él, otras seis personas han sido condenadas por su implicación en los hechos. El caso ha estallado en pleno mes sagrado de Ramadán, lo que ha amplificado el impacto social en un país formalmente conservador en materia de costumbres.
De una denuncia por adulterio a un caso de abusos sistemáticos
La investigación se inició tras una denuncia por adulterio presentada por la esposa del psiquiatra ante la policía de Fez. La mujer, que sospechaba de una infidelidad, revisó el teléfono móvil de su marido y halló vídeos grabados en el domicilio familiar con escenas de sexo colectivo. Las imágenes, según el testimonio judicial citado por el semanario marroquí Tel Quel, incluían prácticas descritas en el sumario como “actos desviados”.
El hallazgo dio pie a una pesquisa que, con el avance de las diligencias, derivó en acusaciones de explotación sexual, suministro de drogas, trata de seres humanos y organización de encuentros sexuales bajo coacción.
En su declaración ante el tribunal, el médico admitió la autenticidad de las grabaciones. En una de ellas aparecía junto a varios hombres y mujeres desnudos en el salón de su vivienda. El fotógrafo que tomó las imágenes ha sido condenado a seis años de cárcel y reconoció haber grabado también relaciones sexuales que él mismo mantuvo con el acusado.
Drogas, dependencia y “terapias” con rituales
Varias denunciantes relataron ante la policía y en sede judicial que el psiquiatra les prescribía cocaína, heroína y otros alucinógenos como parte de un supuesto tratamiento que él mismo decía haber experimentado. Según el sumario, el consumo continuado generaba dependencia. Una de las mujeres declaró haber vendido su vivienda para costear las sustancias.
El acusado negó haber anulado la voluntad de las asistentes a los encuentros sexuales y sostuvo que todas participaron de forma libre. Alegó, además, que su esposa actuó por venganza tras exigir él una prueba de ADN durante su embarazo.
Sin embargo, una de las pacientes que testificó en el juicio describió un contexto de miedo y manipulación. Afirmó que fue sometida a rituales presentados como terapia, que incluían tocar una cítara como parte de un supuesto sortilegio. “Tenía un profundo sentimiento de miedo”, relató ante los jueces.
Otras mujeres aseguraron haber sufrido abusos en la consulta, en el domicilio del médico, en su vehículo o en un riad de la medina histórica donde, según la acusación, se organizaban “veladas libertinas” con música gnawa. El propietario del establecimiento y una empleada han sido condenados a un año de prisión, al igual que un enfermero que colaboró con el psiquiatra. Un primo del médico, señalado como proveedor de drogas, ha recibido cinco años de cárcel. Todos deberán indemnizar a las víctimas con decenas de miles de euros.
Miedo a denunciar en un marco legal restrictivo
El caso ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de las mujeres que denuncian agresiones sexuales en Marruecos. Solo cuatro de las diez víctimas acudieron finalmente al juicio, y una tuvo que ser requerida por la Fiscalía tras negarse inicialmente a comparecer.
Según un estudio del Alto Comisionado del Plan —el instituto estadístico marroquí— apenas un 3% de las mujeres que declaran haber sufrido agresiones sexuales formalizan una denuncia. El temor no es infundado: el Código Penal prevé hasta un año de cárcel por mantener relaciones fuera del matrimonio, dos en caso de adulterio con denuncia de la pareja legal y tres por relaciones homosexuales.
En este contexto, si los hechos no se prueban con claridad, las denunciantes pueden enfrentarse a cargos por fornicación. Esa amenaza, unida al estigma social, contribuye al silencio.
La evolución de otros procesos recientes ilustra la tensión entre opinión pública y sistema judicial. En 2023, la violación continuada de una menor desde los 11 años generó una ola de indignación tras una primera sentencia que impuso apenas dos años de prisión a los agresores aplicando atenuantes como la “pobreza”. Tras la movilización social, un tribunal superior elevó las penas a entre 10 y 20 años.
Sumisión química y poder económico
El debate también se ha visto alimentado por otro caso de alto perfil: la denuncia presentada en 2024 por una abogada francesa que acusó a tres empresarios de violación, secuestro y uso de estupefacientes en una fiesta privada en Casablanca. La joven aseguró haberse despertado horas después sin recordar lo sucedido y con signos físicos compatibles con una agresión.
Aunque los sospechosos fueron detenidos, la denunciante retiró los cargos en marzo de 2025 y la causa quedó archivada, en un giro que volvió a suscitar controversia.
Según una encuesta social publicada en 2019, el 14% de las mujeres marroquíes afirmó haber sufrido abusos sexuales, frente al 9% que lo reconocía una década antes. El aumento se interpreta como un mayor atrevimiento a hablar, aunque las cifras oficiales siguen mostrando una fuerte infradenuncia.
Un caso que marca un precedente
La condena a 20 años contra el psiquiatra de Fez representa una de las penas más severas impuestas en el país por delitos sexuales cometidos en el ámbito sanitario. El proceso ha puesto bajo el foco no solo la conducta del acusado y su entorno, sino también las lagunas de protección para las víctimas en un sistema legal que combina normas restrictivas en materia de moralidad con penas que, en la práctica, no siempre alcanzan el máximo previsto.
El impacto del caso trasciende el ámbito penal. En un país donde la reputación y el honor pesan tanto como la ley, la sentencia abre un nuevo capítulo en la discusión sobre violencia sexual, dependencia química y responsabilidad institucional. La cuestión ahora es si el precedente judicial se traducirá en cambios estructurales o quedará como un episodio aislado en una sociedad que empieza, lentamente, a romper el silencio. @mundiario
