La ofensiva de la Junta contra Amama: reclama pruebas de las 4.000 afectadas por los fallos en los cribados
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha enviado un requerimiento formal a la asociación de mujeres Amama para que entregue, en un plazo máximo de diez días, “toda información, documentación o testimonios” relacionados con las mujeres afectadas por los fallos en el programa andaluz de cribado de cáncer de mama. El Ejecutivo autonómico sostiene que necesita contrastar las cifras difundidas por la asociación, que este lunes elevó a casi 4.000 el número de mujeres afectadas, muy por encima de las 2.317 reconocidas por la Junta.
La Consejería de Sanidad argumenta que esta discrepancia numérica, “por su impacto sanitario y social”, exige una aclaración inmediata. El requerimiento, al que ha tenido acceso este diario, apela a la Ley de Salud Pública Andaluza como marco legal para obligar a la entidad a aportar datos que permitan “garantizar una revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado” y evitar la “alarma social” generada por cifras no verificadas.
Sin embargo, la asociación Amama rechaza la exigencia del Gobierno andaluz. Su abogado, Manuel Jiménez, asegura que la entidad “no tiene obligación” de entregar esa información. “Ya está bien de falsedades”, lamentó, insistiendo en que la asociación mantiene contacto directo con las afectadas y cuenta con documentación respaldada por testimonios y pruebas clínicas.
Una batalla por las cifras en medio del escándalo
Desde que estalló el caso, Amama ha puesto en cuestión las cifras oficiales difundidas por la Junta, que inicialmente habló de “tres o cuatro casos” y después elevó el número hasta las 2.317 mujeres. La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, sostiene que la magnitud real del problema “supera con creces” los datos reconocidos: “Si las pruebas las tenemos nosotras y las mujeres están con nosotras, manejamos cifras reales porque contamos con los documentos”, afirmó este lunes.
El Ejecutivo andaluz, por su parte, mantiene como base de actuación su cifra de 2.317 afectadas, con la que ha puesto en marcha un plan de choque para que todas ellas se sometan a una mamografía antes del 15 de noviembre y a una ecografía antes del 30 del mismo mes. Esos datos son los que la Junta ha trasladado en las reuniones de la comisión de participación y seguimiento del programa de cribado de cáncer de mama.
La última reunión terminó con tensión: Claverol abandonó la mesa al negarse a firmar una cláusula de confidencialidad, condición que la Junta considera necesaria para proteger la información de carácter sanitario. En la carta remitida este jueves a Amama, el Gobierno andaluz insiste en que cualquier documentación entregada “será tratada con absoluta confidencialidad”.
Un conflicto que crece en medio de la presión social
El caso, uno de los mayores escándalos de salud pública recientes en Andalucía, ha desatado preocupación entre profesionales sanitarios y pacientes. La disparidad de cifras complica la respuesta institucional en un momento en que los cribados se consideran una herramienta clave para el diagnóstico temprano del cáncer de mama.
La Junta busca reforzar su versión oficial, mientras Amama reclama más transparencia y denuncia que las afectadas continúan siendo invisibilizadas. La presión social aumenta y el conflicto entre ambas partes se amplía, dejando en el centro a miles de mujeres que reclaman claridad, responsabilidades y garantías para que errores de esta magnitud no vuelvan a repetirse. @mundiario
