Los obispos negociarán con el Gobierno cómo indemnizar a las víctimas de pederastia
Durante años, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se había atrincherado en una defensa corporativa que rechazaba cualquier injerencia del Gobierno en la reparación a las víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia. Pero esta semana, en plena tormenta provocada por la investigación vaticana al obispo Rafael Zornoza, la jerarquía eclesial ha dado un giro inesperado: los obispos negociarán con el Ejecutivo la forma de indemnizar a quienes no desean acudir al plan eclesiástico PRIVA. La rectificación, impensable hace meses, revela una presión interna y externa que ya no pueden contener.
El anuncio llegó de la mano del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa que puso fin a la Asamblea Plenaria. Ante la presencia del “elefante en la habitación”, como muchos clérigos definen ya al polémico caso Zornoza, Magán confirmó que la comisión ejecutiva del episcopado ha aceptado debatir un modelo de colaboración con el Gobierno. La fórmula pasa por canalizar, a través del Defensor del Pueblo, los casos de víctimas que rechazan acudir al PRIVA, un plan que ha mostrado graves deficiencias y cuyo balance real es demoledor: solo un 2% de las víctimas han sido reparadas en un año.
El movimiento no es menor. La Iglesia llevaba doce meses negándose a participar en un fondo común de reparación promovido por el Gobierno. Ahora, sin embargo, ha admitido que está “avanzando” en la creación de un marco estable para gestionar esas compensaciones, aunque evita aclarar si está dispuesta a aportar dinero a ese fondo. La presión social, las denuncias públicas y el desgaste reputacional parecen haber empujado a la CEE hacia un terreno que había evitado pisar.
La herida fiscal: indemnizaciones que pagan impuestos
La rectificación de los obispos se produce además tras otro revés para la institución: la revelación de que las indemnizaciones concedidas por la Iglesia obligan a las víctimas a pagar impuestos en Hacienda. El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio que aplique una exención similar a la que ya se concede a víctimas del terrorismo, para evitar que el daño económico agrave el daño emocional. La CEE asegura que conoce este problema desde junio y que ha solicitado un cambio normativo, aunque las víctimas denuncian que nadie les informó previamente.
PRIVA, un plan que naufraga
El PRIVA —Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos— nació hace un año como el gran proyecto de la Iglesia para recuperar credibilidad. Pero sus limitaciones estructurales, su lentitud y la falta de independencia han provocado que muchas víctimas lo rechacen por completo. Algunas llevan más de seis meses esperando respuesta. Otras aseguran sentirse revictimizadas por tener que volver a acudir a la institución que les falló en la infancia.
El propio episcopado reconoce que la Comisión Asesora ha recibido 101 casos, de los cuales solo 58 han sido cerrados. Cifras modestas que contrastan con el alcance real de una herida que el propio Defensor del Pueblo cifró en miles de víctimas.
La rectificación de la CEE llega en un momento especialmente incómodo: el escándalo del obispo Rafael Zornoza, el primer prelado español investigado por pederastia por el Vaticano que sigue ejerciendo su cargo. La denuncia, presentada hace cuatro meses por una víctima que asegura haber sufrido agresiones en los años noventa, ha destapado tensiones internas dentro del episcopado. Mientras el presidente de la CEE, Luis Argüello, insiste en la presunción de inocencia, voces como la del arzobispo de Tarragona reclaman medidas cautelares inmediatas.
Una investigación que avanza en silencio
El procedimiento contra Zornoza se tramita en el Tribunal de la Rota en Madrid, un órgano vaticano cuyos procesos pueden prolongarse durante meses. El Papa ha dado instrucciones claras: dejar que la justicia actúe y aplicar las consecuencias una vez concluida la investigación. Mientras tanto, en España se multiplican las preguntas sobre por qué un obispo investigado por abusos no ha sido apartado temporalmente, cuando sí se ha hecho con sacerdotes en casos similares.
El giro negociador de los obispos no es solo un movimiento institucional: es un intento de detener una hemorragia reputacional que lleva años agravándose. La Iglesia sabe que su credibilidad está en juego y que cada paso en falso alimenta la percepción de impunidad. La apertura de negociaciones con el Gobierno, aunque aún rodeada de opacidad, supone un reconocimiento implícito de esa crisis. @mundiario
