Los obispos se disculpan y se comprometen a prevenir futuros casos de abusos
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha respondido al informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia del clero con un comunicado en el que expresan su “dolor” por los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia.
Los obispos españoles, reunidos la tarde del lunes en asamblea extraordinaria para abordar el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en el clero, han manifestado su “dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia”, pidiendo perdón a las víctimas y destacando la “valiosa” naturaleza de las recomendaciones presentadas en el documento.
En concreto, los obispos se han mostrado dispuestos a colaborar en la "reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos". Esta respuesta positiva se alinea con la propuesta del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de crear un fondo de compensación en el que la Iglesia participe activamente para indemnizar a las personas afectadas. Según el estudio, un 1,13% de la población española, lo que equivale a unas 440.000 personas, ha sido víctima de abusos en el ámbito religioso.
La reunión de la asamblea episcopal estuvo marcada por divisiones internas ante un informe que representó un duro golpe para la Iglesia. La única objeción expresada por la CEE en su comunicado es la "extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe", que consideran que no representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que sirven de manera leal y entregada al Reino. No obstante, la conferencia se unió a la petición del Defensor del Pueblo para que el Estado implemente las recomendaciones del informe en sus instituciones y asuma su responsabilidad en la lucha contra este problema que afecta a toda la sociedad.
Solo una parte del problema
Los obispos mantienen su argumento de que la pederastia en la Iglesia es solo una parte del problema y subrayan que "poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda". Además, consideran que las recomendaciones del Defensor del Pueblo son, en gran medida, convergentes con propuestas que ya estaban siendo trabajadas por la CEE desde hace tiempo.
La respuesta de los obispos se produce después de tres días de silencio desde la presentación del informe, que no solo arrojó cifras alarmantes, sino que también destacó la falta de colaboración activa por parte de la Iglesia durante la realización de la investigación. Sobre este último punto, el comunicado no hace ninguna valoración.
Otro punto en la agenda de la reunión de los obispos era si concederían un nuevo plazo de entrega de su auditoría al bufete de Cremades & Calvo-Sotelo. Tras varios retrasos, este mes le impusieron un ultimátum de diez días, que no ha acatado, y debían tomar una decisión. Después de horas de discusión, los obispos han decidido posponer esta votación para noviembre, en su segunda plenaria anual. En cualquier caso, es la fecha para la que Cremades avanzó que entregaría un resumen ejecutivo.
Reparar económicamente a las víctimas
El bufete ha entrevistado solo a un centenar de víctimas, ya ha avanzado que no hará extrapolaciones y tampoco ha encargado una encuesta. Sin embargo, ya ha adelantado que el número de víctimas que barajan en su informe es de varios miles. Además, recomendará seguir el modelo alemán para reparar económicamente a las víctimas a través de un tribunal que revise cada caso, incluso si está prescrito, y acuerde una suma económica.
El informe del Defensor del Pueblo fue respondido inicialmente por el presidente de la CEE, Juan José Omella, quien criticó la extrapolación de los datos y la calificó como "mentira" con la intención de engañar. El sondeo, llevado a cabo por GAD3, que entrevistó a más de 8.000 personas residentes en España y arrojó resultados que indicaban que el 1,13% de la población española había sufrido abusos en el ámbito religioso.
El informe y la posterior respuesta de la Iglesia se dan en un contexto en el que se ha destacado la negación de la Iglesia sobre la magnitud del problema de los abusos sexuales en su seno. El informe ha subrayado la necesidad de cuantificar este problema y reconocer su relevancia social, y ha apuntado que el riesgo de sufrir abusos sexuales es más alto en otros entornos además de la Iglesia, como las familias o las actividades deportivas. @mundiario
