El Obispado de Málaga toma medidas legales en el caso del sacerdote acusado de agresiones sexuales

El Obispado de Málaga ha dado un paso en el caso que ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Tras el arresto del sacerdote Francisco J. C. por parte de la Policía Nacional en Vélez-Málaga, acusado de cometer cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad, la Diócesis malagueña ha anunciado su decisión de presentarse como acusación particular en el proceso judicial en calidad de perjudicada.

La institución religiosa ha dejado claro que su objetivo principal es contribuir al esclarecimiento de los hechos y mostrar su apoyo a las víctimas. Este movimiento se produce en medio de un ambiente de conmoción y condena por parte de la Iglesia Católica, que ha tomado medidas drásticas desde que se conoció la detención del sacerdote.

Francisco J. C., de 34 años, se encuentra actualmente en prisión preventiva después de que su pareja presentara en comisaría pruebas que implicaban al sacerdote en prácticas sexuales inapropiadas con mujeres semidesnudas y aparentemente sedadas. Las víctimas, en estado de inconsciencia, desconocían por completo que habían sido objeto de delitos sexuales.

La reacción de la Diócesis de Málaga llega cinco días después de que la Policía Nacional informara públicamente sobre la detención del sacerdote, quien fue ordenado en 2017 y ejercía en la iglesia de Santa María Micaela en Melilla hasta principios de 2021.

Retirada de licencias ministeriales

El caso salió a la luz cuando la pareja del sacerdote confesó en enero su relación con él en la vicaría de la Ciudad Autónoma y proporcionó pruebas de los actos delictivos en los que estaba involucrado. A pesar de que la Iglesia asegura haber alentado a la mujer a denunciar, no se tuvo conocimiento de la existencia de las imágenes comprometedoras hasta meses después. Como consecuencia, el sacerdote fue trasladado a Málaga y asignado como colaborador en las iglesias de El Burgo y Yunquera, en la provincia malagueña.

El Obispado de Málaga emitió un comunicado el lunes expresando su profundo pesar por la situación y condenando enérgicamente cualquier forma de vejación o abuso hacia las mujeres. También anunció la retirada de las licencias ministeriales del sacerdote. En otro comunicado posterior, la Diócesis confirmó su intención de expulsar al clérigo del estado clerical y señaló que durante su formación en el Seminario de Málaga, a partir de 2013, no se tenía conocimiento de los problemas que ahora se le imputan.

En su más reciente comunicado, la Diócesis de Málaga ha afirmado su compromiso de estar al lado de las víctimas y ha tomado la decisión de personarse como acusación particular en la causa judicial en curso. Argumentan que esta medida se ha tomado en consideración del grave perjuicio causado. Asimismo, han instruido al procurador del obispado para que presente la documentación necesaria ante el juzgado que lleva el caso en Vélez-Málaga. Esta acción se suma a los esfuerzos del Obispado para expulsar al acusado del estado clerical, con la esperanza de que estas acciones contribuyan a la investigación y al bienestar de los fieles cristianos, al tiempo que se esclarece la verdad de los hechos. @mundiario