La nueva metodología del PIB abre el debate sobre la legalización de la prostitución
La UE anunció que impondrá a todos los Estados la obligatoriedad de incluir en sus estadísticas para el cálculo del PIB algunas de las actividades económicas hasta ahora ilegales.
Lo ideal sería que la prostitución no existiese. Que ninguna mujer tuviera que vender su cuerpo (y de paso su dignidad) al mejor postor como si de carne de ganado se tratase. Lo ideal sería que los hombres no pagasen por obtener servicios sexuales. Pero lamentablemente este mundo idílico no existe y no parece que ni el desarrollo económico y cultural, ni la represión absoluta hayan logrado acabar con lo que algunos llaman el oficio más antiguo del mundo y -también para algunos- uno de los más rentables.
La prostitución es una realidad que está ante nuestros ojos y nos quedan dos opciones: la primera es seguir con nuestra actitud de laissez faire, es decir de permisividad absoluta y de mirar para otro lado cuando los casos de trata o de explotación a menores nos hacen poner la piel de gallina. La segunda es tomar la decisión de regular y controlar el ejercicio y práctica como si de cualquier otro negocio se tratase.
Recientemente la UE anunció que impondrá a todos los Estados miembros la obligatoriedad de incluir en sus estadísticas para el cálculo del producto interior bruto algunas de las actividades económicas hasta ahora ilegales, como la prostitución o las drogas.
El debate sobre la posibilidad de legalizar la prostitución no es nuevo pero vuelve a saltar a la luz con la medida de Bruselas.
Más allá de las motivaciones económicas, que indudablemente también son razones de peso a su favor, la legalización de la prostitución podría tener como consecuencia una mejora social de calado: la legalización supondría, en primer lugar, un golpe directo a los proxenetas que hasta ahora explotan y se enriquecen a costa de mujeres amenazadas y muchas veces maltratadas. Significaría también un ataque a las mafias y redes de trata y explotación sexual cuya existencia ya parece conformar parte de nuestras sociedades desarrolladas.
La legalización permitiría, en segundo lugar, incrementar de manera considerable el control sanitario y la cobertura médica de las mujeres. Por último la aceptación del ejercicio de la prostitución como una actividad legal implicaría una protección social para las prostitutas, hasta ahora reducida a las ONG.
No es un debate fácil y, sin duda, remueve nuestras conciencias porque supone hacer legal una práctica que, desde el más profundo respeto al ser humano, todos consideramos aberrante. Pero ante la constatación histórica de la imposibilidad de acabar con ella cabe plantearse que es mejor su regulación y control que seguir mirando para otro lado.
