Los niños que van a centros de educación especial siguen aumentando
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha expresado su preocupación por la persistente práctica de España de mantener matriculados a miles de alumnos en centros de educación especial. Esta acción, según el organismo, es considerada “segregadora” y contraria a los principios de inclusión educativa promovidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar de algunos avances reconocidos, como la disposición de la Lomloe que establece que en 10 años la escuela ordinaria debe atender a todos los estudiantes con los medios necesarios, los datos oficiales muestran un aumento en el número de estudiantes en centros especiales y aulas específicas dentro de escuelas comunes. Este incremento, que ha llegado a 2.614 alumnos desde la aprobación de la Lomloe en el curso 2020-2021, refleja una tendencia preocupante que ha persistido durante una década.
Mar Álvarez, presidenta de Solcom, una de las entidades que ha denunciado esta situación ante la ONU, lamenta que, a pesar de los esfuerzos legales y las reprimendas del comité desde 2017, los niños continúen siendo derivados a centros de educación especial contra la voluntad de sus padres. Ejemplifica esta realidad con su propia experiencia, recordando la batalla legal que tuvo que librar para que su hijo recibiera educación en un entorno inclusivo.
El informe del comité ha sido recibido como una llamada de atención contundente por expertos en inclusión educativa, quienes instan a las autoridades a implementar un plan para garantizar el derecho de todos los niños a una educación inclusiva de calidad. Sin embargo, la falta de avances desde la condena de España en 2017 refleja una preocupante falta de compromiso en este aspecto.
Falta de confianza
Aunque el Ministerio de Educación ha expresado su objetivo de garantizar plaza en centros ordinarios para todos los alumnos con necesidades educativas especiales, la resistencia de algunas familias a esta medida revela la falta de confianza en la capacidad de los centros para proporcionar una atención adecuada. Esta situación se ve agravada por la escasez de recursos y la falta de formación adecuada para el profesorado, como señala Juan Carlos Flores, padre de un niño con trastorno del espectro autista.
Ante estas críticas, la plataforma Inclusiva sí, especial también, defiende la educación especial como una modalidad inclusiva que se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes. Sin embargo, la discrepancia persiste entre aquellos que abogan por una inclusión plena en centros ordinarios y aquellos que prefieren opciones más específicas para sus hijos con discapacidad.
En resumen, la crítica del Comité de la ONU destaca la urgencia de abordar los desafíos persistentes en materia de inclusión educativa en España y de garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de sus necesidades. @mundiario
