Los medicamentos falsificados centran la atención profesional en Argentina

Domingo Jorge Collía, presidente de Cosapro; María Isabel Reinoso, presidenta del CFPBA y Marcelo Honores, secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Domingo Jorge Collía, presidente de Cosapro; María Isabel Reinoso, presidenta del CFPBA y Marcelo Honores, secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Los medicamentos seguros sólo se deben adquirir en las 4.500 farmacias habilitadas, alertan desde Argentina, donde acaba de celebrarse una jornada de trabajo sobre este tema.

Los medicamentos falsificados centran la atención profesional en Argentina

En el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se presentó el programa "Medicamentos Falsificados". En la mesa de inicio se encontraban quien realizó la apertura: la farmacéutica María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Marcelo Honores, secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Domingo Jorge Collía, presidente del Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cosapro). 

El encuentro fue realizado, en forma conjunta, por estas entidades provinciales y promovido por la Federación Internacional de Farmacias (FIP), que pretende llevar adelante este programa de reflexión sobre esta problemática mundial.

La entidad colegiada CFPBA fue elegida por la FIP debido al intenso trabajo de detección y prevención que, desde hace varios años, realiza en esta materia. En este sentido, la entidad que representa a los colegiados bonaerenses viene trabajando para que se cumpla la cadena legal de comercialización de los medicamentos, cuya  distorsión se cobró varias vidas en el año 2009 (la denominada mafia de los medicamentos). Además, esta entidad, la cual me representa, viene trabajando desde la Oficina de Denuncias en combatir la venta ilegal de medicamento en comercios no habilitados para tal fin.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este flagelo no solo es un enorme negocio ilegal, sino que plantea un problema de salud pública, más aún cuando se considera que en un fármaco falso  el peligro pasa por que su contenido puede ser peligroso/tóxico o por la ausencia parcial o total de principios activos. Las consecuencias de su uso pueden incluir el fracaso terapéutico, aumentar las resistencias bacterianas y/o virales o inclusive llevar al individuo a la muerte.

El CFPBA ha desarrollado varias campañas públicas para revalorizar al medicamento como un bien social, intentando quitar la idea de considerarlo una simple mercancía que puede ser vendido en cualquier lugar ajeno al que le corresponde. En cada una de ellas se ha dejado en evidencia que las farmacias son quienes garantizan la legitimidad del medicamento, y el farmacéutico es el único profesional, con la preparación académica suficiente, que debe tener la exclusividad para su dispensa.

Cabe destacar que el Estado nacional lanzó, hace un año, el Sistema Nacional de Trazabilidad (SNT), una iniciativa que podría convertirse en la herramienta esencial y definitiva para limitar la adulteración y falsificación de medicamentos; esta debe ser aplicada racionalmente y de forma gradual, teniendo en cuenta  la realidad y diversidad de farmacias existentes (No todas cuentan con la infraestructura y tecnología para hacer frente a esta nueva realidad, pero mantienen su rol sanitario priorizando la necesidad de la población de acceder al medicamento).

Esta jornada reunió a expertos en diferentes áreas, asistiendo representantes de entidades farmacéuticas, autoridades sanitarias y profesionales de la salud, constituyéndose en un evento sin precedentes que propició el encuentro de quienes han trabajado en forma interdisciplinaria para investigar, analizar y detener un delito que en el resto del mundo tiene un enorme impacto económico y social.

Como conclusión se lanzó, formalmente, un programa de concientización hacia la comunidad bonaerense, recordando que los medicamentos seguros sólo se deben adquirir en las 4.500 farmacias habilitadas, y como política sanitaria se pone a disposición esta red de farmacias y sus profesionales farmacéuticos, para que los consumidores/pacientes realicen todas las consultas que pudieren surgirles.

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