La información solvente no aparece entre las actuales prioridades sociales

Tantas cosas están deteriorándose, en el panorama todavía inacabado de esta especie de crisis permanente, que quizá el deterioro de los medios de comunicación no aparezca como prioridad en esta sociedad cada día más acostumbrada al deterioro general. Acaba de decirlo el presidente de la Generalitat valenciana para justificar el cierre de la televisión pública de aquella comunidad (como contundente respuesta, por cierto, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo que había depurado a los dos tercios de la plantilla). Alberto Fabra declaraba, muy serio, que antes de cerrar colegios u hospitales prefería cerrar la televisión, un discurso que en cualquier momento puede repetir el presidente madrileño, Ignacio González, si el Tribunal Superior de Madrid sigue los pasos del de Valencia.

No aclaraba que la televisión se cierra después de haber sido engordada su deuda por años de despilfarros y de presuntas corrupciones, cometidas por directivos nombrados por políticos del mismo partido que ahora echa a la calle a mil setecientos trabajadores, una vez que se les ha exprimido su trabajo e incluso su dignidad profesional (como están confesando ahora, cuando ya no tienen nada que perder), mientras los directivos ineptos y los políticos beneficiados van a seguir manteniendo sus puestos en un despacho o en otro. Tampoco aclaraba que cerrar la radiotelevisión autonómica no va a impedir que en otros servicios públicos teóricamente prioritarios (sanidad y educación) continúen cierres y recortes.

Y si el mantenimiento de un medio de comunicación público no figura entre las prioridades, menos aún todo el proceso destructivo que vienen padeciendo medios de comunicación privados de los más variados formatos, aunque con especial incidencia en la prensa escrita. Cuando llegó esta crisis financiera, ya arrastraban otras crisis sectoriales anteriores, derivadas del vertiginoso ritmo de avance de las nuevas tecnologías –a las que todavía no han sabido encontrarle su veta de negocio– y de la incorporación al sector de mucho nuevo empresario presuntamente dispuesto a revolucionar el mundo de la información pero que, en muchos casos, no pasa de aprendiz de la manipulación al servicio de intereses inmediatos.

Ninguna empresa informativa, grande o pequeña, se ha librado de deudas y ajustes. La imaginación empresarial en España, en este como en otros sectores y en la mayoría de los empresarios, parece agotarse en los recortes de gastos y en las restricciones laborales (despidos y, para los que se quedan, rebajas en los salarios y en las condiciones laborales), una salida que no contribuye precisamente a mejorar el producto. El círculo vicioso está servido: si no se mejora el producto, mal se pueden mejorar los ingresos para evitar pérdidas y pagar deudas. El último ejemplo, en el sector de la información, se vive estos días en Sevilla con el diario El Correo de Andalucía, sometido a una sangría continua desde 2010, con tres expedientes de regulación de empleo sucesivos y con recortes salariales continuos para los supervivientes, que ahora están pendientes de la propia supervivencia del periódico, puesto a la venta por el grupo empresarial que se lo había comprado a Prisa hace seis años.