Un impuesto del 2% a los multimillonarios podría sacar de la pobreza extrema a 820 millones de personas
Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, lo ha explicado con claridad en Madrid: acabar con la pobreza extrema no es un sueño utópico, es una cuestión de voluntad política. Según sus cálculos, un impuesto del 2% sobre la riqueza de unas 3.000 personas multimillonarias bastaría para financiar un sistema básico de protección social para 820 millones de personas en los países más pobres.
El dato es demoledor. La riqueza acumulada en manos de una minoría no solo crece sin freno, sino que está en niveles históricamente obscenos. Al mismo tiempo, millones de seres humanos siguen atrapados en la miseria porque carecen de algo tan elemental como un ingreso mínimo, acceso a la sanidad o pensiones. No es que no existan recursos, es que los gobiernos eligen no movilizarlos. El debate, por tanto, no es técnico, sino político y moral: ¿preferimos preservar los privilegios de unos pocos o garantizar dignidad básica a casi mil millones de personas?
La trampa de la meritocracia y el crecimiento desigual
La pobreza no se sostiene solo en la falta de dinero, sino también en prejuicios que marginan. De Schutter advierte de la aporofobia, esa discriminación hacia los pobres que se traduce en dificultades para acceder a un empleo, alquilar una vivienda o simplemente reclamar derechos. Es una trampa cruel: cuanto más meritocrática se dice una sociedad, más vergonzoso se vuelve ser pobre, porque se interpreta como un fracaso personal en lugar de una consecuencia de estructuras injustas.
Ese discurso sirve a los poderosos porque desvía la atención. En lugar de preguntarnos por qué los salarios son insuficientes o por qué los pequeños agricultores reciben precios injustos, culpamos al pobre de no haber trabajado lo suficiente o de “no haberse adaptado”. El resultado es que la pobreza se perpetúa y, peor aún, se normaliza. La solución pasa por políticas redistributivas claras, impuestos progresivos reales y una narrativa distinta que sitúe la responsabilidad en el sistema, no en la víctima.
El concepto de decrecimiento que defiende el relator encaja en esta lógica. No se trata de empobrecer a todos, sino de decidir democráticamente qué producimos y para qué, reduciendo lo superfluo para asegurar lo esencial. La sostenibilidad, entendida así, no es un lujo verde, es un requisito para reducir desigualdades.
Gaza y la responsabilidad internacional
El relator no esquiva las palabras al hablar de Gaza: lo que está ocurriendo allí es un genocidio. No se trata de un exceso retórico, sino de una definición jurídica precisa. La destrucción sistemática de vidas civiles, la hambruna impuesta por el bloqueo y la deshumanización del pueblo palestino cumplen los criterios que recoge el derecho internacional.
Ante ello, la comunidad internacional ha respondido con gestos simbólicos, pero sin medidas capaces de frenar la maquinaria bélica. De Schutter apunta a un camino claro: sanciones económicas que realmente duelan, como suspender importaciones a Israel, dado que un tercio de sus exportaciones tienen como destino la Unión Europea. Sin embargo, algunos gobiernos europeos bloquean esa vía, priorizando alianzas políticas antes que la vida de miles de personas.
No es un asunto lejano ni desconectado de la lucha contra la pobreza. Al fin y al cabo, el hambre y la miseria no surgen de la nada: son fruto de decisiones políticas, de bloqueos, de guerras y de desigualdades estructurales. Comprenderlo es el primer paso para exigir cambios reales.
La conclusión es incómoda pero inevitable. Si más de 800 millones de personas siguen atrapadas en la miseria no es porque falten recursos, sino porque sobra indiferencia. Y si Gaza se desangra sin que se apliquen sanciones efectivas es porque la economía pesa más que la dignidad humana. Las soluciones existen y están sobre la mesa. La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a reclamarlas con la urgencia y la firmeza que exige la historia. @mundiario
