Igualdad prepara acciones judiciales contra 13 agencias de vientres de alquiler tras la petición de la Fiscalía

El Ministerio de Igualdad ha movido ficha tras el requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y propone acudir a los tribunales contra 13 agencias internacionales que promocionan servicios de gestación subrogada accesibles desde España. La iniciativa se produce después de que el ministerio público solicitara formalmente que se activaran los mecanismos administrativos necesarios para bloquear el acceso a esas páginas, al considerar que incurren en “publicidad ilícita” de una práctica prohibida por la legislación española desde 2006.

Lejos de asumir directamente el cierre de los sitios web —una competencia que Igualdad sostiene que no le corresponde— el departamento que encabeza Ana Redondo ha trasladado a la Abogacía del Estado la conveniencia de presentar demandas judiciales para lograr el cese de la actividad publicitaria de estas compañías. En un escrito remitido este jueves, el ministerio plantea que se interpongan “las demandas correspondientes para el cese de publicidad” contra las entidades señaladas por la Fiscalía.

Las empresas afectadas —entre ellas Growing Generations, Miracle Surrogacy, Tammuz Family, New Life Global Network o Go4Baby— operan con clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, México, Colombia o Grecia. Aunque radicadas fuera de la Unión Europea en varios casos, sus portales digitales pueden consultarse sin restricciones desde territorio español.

Publicidad prohibida y marco legal reforzado

El núcleo del conflicto no es únicamente la práctica de los vientres de alquiler —nula de pleno derecho en España— sino su promoción comercial. Desde la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, la gestación por sustitución está expresamente considerada una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Además, el artículo 33 prohíbe de manera explícita su promoción comercial y habilita a las administraciones públicas, incluido el Instituto de las Mujeres, para iniciar acciones judiciales contra quienes difundan este tipo de publicidad.

En el ámbito europeo, la tendencia normativa ha ido en la misma dirección. En 2024, una directiva comunitaria incluyó la explotación reproductiva de mujeres —entre ella la gestación subrogada en determinados supuestos— dentro de las conductas perseguibles penalmente.

Con este respaldo legal, Igualdad sostiene que existen fundamentos suficientes para actuar judicialmente, aunque reconoce que no dispone de competencias administrativas para ordenar por sí mismo el bloqueo de páginas web. Esa medida, según la Fiscalía, debería articularse mediante requerimientos a proveedores de acceso a internet como Telefónica o Vodafone, e incluso podría requerir autorización judicial si afectara a derechos fundamentales como la libertad de expresión o información.

El origen: denuncias feministas y actuaciones previas

La actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene su origen en varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, que también motivaron la intervención del Defensor del Pueblo. Las primeras investigaciones recayeron en fiscalías provinciales de Madrid, Barcelona y Málaga, que lograron que algunas entidades cesaran su actividad tras requerimientos formales.

Sin embargo, durante esas pesquisas aparecieron nuevas empresas con sede fuera de la Unión Europea que seguían ofreciendo servicios de gestación subrogada a potenciales clientes en España a través de internet. Esa dimensión internacional llevó el caso a la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y amplió la investigación hasta identificar a 13 compañías.

Ahora, la Fiscalía ha instado a Igualdad a activar la vía administrativa para bloquear los accesos digitales a esos contenidos. El ministerio, por su parte, ha optado por explorar la vía judicial directa contra las empresas responsables de la publicidad.

Reacción empresarial y debate sobre libertad de expresión

De las 13 compañías contactadas, solo la mexicana Miracle Surrogacy ha respondido públicamente. La firma asegura no haber recibido ninguna notificación oficial y sostiene que no dirige de forma específica su publicidad a España, sino que utiliza campañas globales a través de Google en el conjunto de Europa. Además, cuestiona la posible prohibición alegando que podría afectar a ciudadanos de países donde la práctica es legal y que se encuentren temporalmente en España.

Este argumento introduce un debate jurídico complejo: el alcance territorial de la prohibición y el equilibrio entre la restricción de contenidos considerados ilícitos y la protección de la libertad de expresión. Precisamente por esa posible colisión de derechos, la Fiscalía contempla la necesidad de una resolución judicial previa si se opta por el bloqueo técnico de los portales.

Procedimientos abiertos y coordinación institucional

El Ministerio de Igualdad recuerda que no parte de cero. En julio del pasado año, el Instituto de las Mujeres ya denunció ante los tribunales a cuatro empresas por promocionar la gestación subrogada en páginas web y redes sociales dirigidas al público español. En esas demandas se solicitaba el cese inmediato de la actividad publicitaria, su prohibición futura y la difusión de la eventual sentencia condenatoria.

Sin embargo, el departamento reconoce que desconoce el estado procesal actual de esos procedimientos y ha pedido a la Abogacía del Estado que recabe información de la Fiscalía para aclarar si los casos han sido centralizados en la Audiencia Nacional.

A la espera de esa coordinación institucional, Igualdad sostiene que, dado que la Fiscalía no iniciará acciones penales hasta agotar la vía administrativa, corresponde ahora impulsar demandas civiles para frenar la publicidad de estas agencias. El objetivo declarado es claro: impedir que desde España se promueva una práctica que la ley considera ilegal y lesiva para los derechos de las mujeres.

La decisión final sobre el bloqueo de las webs y el alcance de las acciones judiciales marcará un nuevo capítulo en el pulso entre el Gobierno y las agencias internacionales de gestación subrogada, en un terreno donde confluyen legislación nacional, derecho europeo y el desafío de regular un mercado globalizado que opera, sobre todo, a golpe de clic. @mundiario