La “Gold Card” de Trump: cómo funciona el visado exprés para millonarios

El plan del presidente de EE UU constituye un pase VIP para los super ricos, que podrán optar una vía rápida para obtener la residencia, y eventualmente la ciudadanía, al pagar un millón de dólares.
Donald Trump, Susie Wiles, Pam Bondi y Kristi Noem. / @WhiteHouse
Donald Trump, Susie Wiles, Pam Bondi y Kristi Noem. / @WhiteHouse

La llamada Gold Card impulsada por el presidente Donald Trump introduce una novedad llamativa en la política migratoria de Estados Unidos: una vía rápida para obtener la residencia —y eventualmente la ciudadanía— reservada a extranjeros con gran capacidad económica.

El programa, presentado como una herramienta para “atraer talento mundial” y generar ingresos públicos, convive con un contexto de restricciones severas a otras formas de inmigración legal e irregular. Esa combinación explica tanto el interés que ha despertado la iniciativa como las dudas legales y políticas que la rodean.

La Gold Card es un visado exprés que permite a extranjeros adinerados acceder a la residencia permanente en Estados Unidos mediante un procedimiento acelerado. El proceso comienza con una tasa no reembolsable de 15.000 dólares, destinada a cubrir la tramitación y una verificación de antecedentes. Si el solicitante supera ese filtro, debe realizar una aportación adicional de un millón de dólares al Estado, considerada por la Administración como prueba de que su llegada “beneficiará sustancialmente al país”.

Según la Casa Blanca, el trámite puede completarse en cuestión de semanas, un plazo significativamente menor al de la mayoría de visados basados en empleo o reunificación familiar. El programa contempla también una modalidad corporativa, que permite a las empresas patrocinar empleados extranjeros mediante una contribución de dos millones de dólares por trabajador.

La tarjeta dorada sustituye de facto al programa EB-5, que durante más de tres décadas concedió la residencia a inversores extranjeros que aportaran capital a proyectos que generaran empleo en Estados Unidos. A diferencia del EB-5, la Gold Card no exige creación directa de puestos de trabajo ni contempla límites anuales establecidos por el Congreso. El énfasis se desplaza desde el impacto económico local hacia la capacidad financiera inmediata del solicitante.

Para la Administración Trump, este cambio hace el sistema más simple y eficiente. Sus defensores argumentan que el país puede captar recursos de forma directa y atraer a perfiles de alto patrimonio que, potencialmente, impulsarán la inversión y el consumo interno.

¿Atraer talento o priorizar capital?

El lanzamiento de la Gold Card contrasta con el endurecimiento general de la política migratoria. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reforzado controles fronterizos, paralizado procesos de asilo, suspendido programas de refugiados y ampliado redadas y deportaciones. En ese marco, la tarjeta dorada aparece como una expansión muy concreta y selectiva de la inmigración, dirigida exclusivamente a la élite económica global.

Este enfoque refleja una visión de la inmigración como transacción económica: el acceso al país se acelera cuando va acompañado de capital significativo. Para sus críticos, esta lógica introduce un sistema de dos velocidades, en el que el dinero pesa más que otros criterios tradicionales, como la cualificación profesional, los vínculos familiares o las razones humanitarias.

La Casa Blanca defiende la Gold Card como un instrumento para atraer “personas extraordinarias” y profesionales altamente cualificados que, según Trump, han quedado fuera por los canales habituales. Sin embargo, el diseño del programa pone el acento en la capacidad de pago, no en requisitos específicos de formación, innovación o experiencia empresarial. La apuesta es que el capital funcione como filtro suficiente.

Desde el Gobierno se insiste en el potencial recaudatorio: se habla de miles de millones de dólares si el programa alcanza las cifras previstas. En una primera fase, se baraja la emisión de decenas de miles de tarjetas, lo que convertiría a la Gold Card en una fuente relevante de ingresos federales.

Uno de los principales interrogantes es si el Ejecutivo tiene autoridad para crear o modificar de forma sustancial categorías de visado sin el aval del Congreso. Expertos en inmigración advierten de que la sustitución del EB-5 y la ausencia de límites legislativos podrían derivar en impugnaciones judiciales. Ya existen precedentes de litigios cuando la Casa Blanca ha intentado reformar el sistema migratorio por vía exclusivamente ejecutiva.

En el plano político, la iniciativa ha generado críticas tanto entre demócratas como dentro del propio campo republicano. Para unos, simboliza un “Estados Unidos para los superricos”; para otros, entra en tensión con el discurso de control estricto de la inmigración al abrir una puerta privilegiada a extranjeros adinerados.

Más allá de su viabilidad jurídica, la Gold Card funciona como señal política. Expresa una concepción de la inmigración en la que la apertura no desaparece, sino que se reorienta hacia perfiles capaces de movilizar grandes sumas de dinero.

El impacto real del programa dependerá de cuántos solicitantes estén dispuestos a pagar el precio de entrada y de si los tribunales validan su arquitectura legal. @mundiario

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