El Gobierno estudia eximir a los dueños actuales de perros del curso
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto un borrador de real decreto que eximiría a los actuales propietarios de perros del curso formativo que exigirá la ley de bienestar animal. La propuesta, enviada a las comunidades autónomas para su desarrollo, plantea un periodo de carencia de seis meses desde la publicación de la norma, tras el cual será obligatorio obtener dicha formación para quienes adquieran nuevos perros.
El borrador, que regula 25 artículos de la ley vigente desde el 29 de marzo de 2023, ha sido redactado por la Dirección General de Derechos de los Animales, bajo la dirección de Pablo Bustinduy. La propuesta será discutida el próximo 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, que podrán presentar modificaciones hasta el 31 de agosto.
Entre las novedades, destaca la modificación de la normativa para perros potencialmente peligrosos, quienes podrán dejar de ser considerados como tal si superan una prueba de sociabilidad a los 12 meses de edad. Esta prueba, realizada por profesionales del comportamiento animal, deberá ser inscrita en el registro de identificación del perro. Aquellos que no superen la prueba seguirán siendo considerados peligrosos y tendrán restricciones de manejo y reproducción.
La propuesta también introduce medidas para regular la reproducción de perros y gatos, limitándola a aquellos inscritos como "reproductores" y estableciendo un protocolo para casos de reproducción accidental, que requerirán autorización excepcional del Ayuntamiento correspondiente.
Centros de recogida
Se plantea un procedimiento específico para que las administraciones públicas se hagan cargo de animales en situación de riesgo por negligencia de sus dueños, trasladándolos a centros de recogida mientras se tramita el procedimiento de abandono. Asimismo, se establece que los servicios de emergencia podrán rescatar a animales en peligro dentro de vehículos cerrados si no se localiza al propietario.
Para combatir el abandono y maltrato animal, se proponen restricciones a la cría irregular de perros y gatos y la creación de registros centralizados para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, gestionados por las Comunidades Autónomas. Se busca con esto reducir el intrusismo profesional y mejorar el bienestar animal.
El borrador también contempla la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para todos los perros, con una cuantía mínima de 100.000 euros, que deberá estar vigente durante toda la vida del animal. Los seguros de hogar que ya incluyan esta cobertura serán válidos.
Respecto a los gatos, se propone que los ayuntamientos regulen la protección de colonias felinas y que un veterinario apruebe los traslados de aquellas que generen un impacto negativo en la biodiversidad local. Asimismo, se introducen las figuras de criadores convencionales, especializados y puntuales para regular la cría de animales en función de su intensidad y número. @mundiario