El Gobierno aplicará el nuevo filtro de calidad a 10 proyectos universitarios ya en trámite
Hace apenas un mes, el Gobierno aseguró que no habría cambios en las reglas del juego para los diez proyectos de universidades privadas que ya habían iniciado su tramitación. Pero ahora, en un giro que muchos califican de político más que técnico, el Ejecutivo ha decidido aplicarles también el nuevo filtro de calidad, un informe vinculante elaborado por la Aneca o sus agencias autonómicas. En resumen: si quieren seguir adelante, tendrán que empezar (casi) de nuevo.
La medida puede parecer razonable si el objetivo es elevar el nivel del sistema universitario español y evitar lo que Pedro Sánchez denominó “chiringuitos educativos”. ¿Quién puede estar en contra de exigir calidad, investigación y masa crítica a quienes pretenden ostentar el título de universidad? El problema está en los tiempos, las formas… y las intenciones.
El decreto de 2021 ya supuso un endurecimiento de las condiciones, pero el nuevo cambio va más allá: además del informe vinculante, se exige ahora que los centros cuenten con al menos 4.500 alumnos, tres programas de doctorado (antes bastaban dos), y que el 2% del presupuesto provenga de financiación competitiva en investigación. Estas condiciones no solo suben el listón: cambian las reglas a mitad del partido.
Lo más llamativo es que estos diez proyectos iban a quedar exentos, según lo dicho por el propio ministerio en marzo, al encontrarse ya en trámites administrativos. De hecho, cinco comunidades autónomas —todas gobernadas por la derecha— se apresuraron en registrar sus propuestas precisamente para esquivar este nuevo marco. El argumento era legal: ya estaban dentro del sistema. Hoy, esa puerta se ha cerrado.
Un componente ideológico
Las implicaciones van más allá de lo académico. La nueva exigencia afecta especialmente a los proyectos de universidades virtuales, como la Universidad Internacional de Aragón, la Universidad Abierta de Extremadura o el CEU Núñez de Balboa. Al impartir más del 80% de la docencia online, tendrán que ser aprobadas por las Cortes Generales, un trámite político que introduce incertidumbre y dilaciones.
La sospecha de que este endurecimiento selectivo tenga un componente ideológico no es infundada. Basta con observar qué promotores están detrás de los proyectos rechazados o ralentizados: desde el Grupo CEU, vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, hasta el Grupo Planeta o instituciones educativas con largo recorrido. La idea de que el Gobierno está utilizando la bandera de la calidad para frenar el avance de centros privados —especialmente si nacen en comunidades no afines— planea como una sombra incómoda.
Y sin embargo, el trasfondo es real: el sistema universitario español necesita una regulación más exigente y coherente, que no permita que la proliferación de universidades privadas derive en una degradación de los estándares académicos. Pero si la calidad se convierte en excusa para intervenir según quién promueve qué y dónde, estaremos ante una peligrosa forma de dirigismo educativo.
El debate de fondo no es universidad pública contra privada. Es universidad seria contra universidad de escaparate. Si el Gobierno quiere defender lo primero, debe ser ejemplar en el cómo, no solo en el qué. Cambiar las reglas a mitad del juego no es un buen comienzo. Aunque el fin sea legítimo, los medios importan. Y mucho. @mundiario
