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MUNDIARIO

La contribución de los diplomáticos a la cooperación para el desarrollo española

A pesar de los habituales tópicos reiterados desde ciertos ámbitos respecto a los diplomáticos, un sistema renovado de cooperación para el desarrollo en España no debería prescindir de las aportaciones de un grupo de profesionales especializados en relaciones internacionales y comprometidos con la cooperación internacional.

La contribución de los diplomáticos a la cooperación para el desarrollo española
Senegal. / Instagram @aecid_es
Senegal. / Instagram @aecid_es

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Sergio Colina

Sergio Colina

El autor, SERGIO COLINA, es diplomático. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master Interuniversitario en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática (Madrid). Ingresó en la carrera diplomática en 2011 y gran parte de su carrera profesional ha estado dedicada a la cooperación internacional y las políticas de desarrollo, también a nivel europeo y multilateral. Es miembro del comité editorial de la colección “La Valija Diplomática”. @mundiario

Hace un par de meses se publicó en MUNDIARIO un interesante artículo, titulado “La cooperación al desarrollo española necesita reinventarse”, en el que se abordaba un tema tan necesario como pertinente: el futuro de la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, la pertinencia de esas observaciones se ve empañada por el recurso a una serie de críticas injustificadas sobre el desempeño de uno de los cuerpos que componen el equipo humano que trabaja en cooperación internacional: los funcionarios diplomáticos.

Son varias las referencias que el autor, Manuel de la Iglesia - Caruncho, hace a la Carrera Diplomática, todas basadas en una serie de tópicos recurrentes. Al preguntarse sobre los recursos humanos que serían necesarios para una cooperación para el desarrollo moderna, afirma lo siguiente:

“El predominio diplomático en los puestos directivos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y de la AECID sólo se ‘explica’ por la necesidad de puestos de perfil elevado que tiene este cuerpo cuando sus integrantes deben cumplir destino en España y no por su especial preparación, algo que añade gran frustración a los profesionales de la cooperación”.

Parecería que lo que preocupa al autor no es tanto si los equipos directivos en el ámbito de la cooperación han ejercido históricamente su función de liderazgo de manera más o menos adecuada o desafortunada, sino el cuerpo al que pertenecen. Más allá de visiones corporativistas, sorprende este enfoque en un momento en el que las agencias de desarrollo están más centradas que nunca en la consolidación de alianzas que permitan movilizar todo el potencial y todos los recursos humanos disponibles para lograr de manera colectiva el objetivo de no dejar a nadie atrás, en el marco de los compromisos de la Agenda 2030. Precisamente una de las principales fortalezas y riquezas de la AECID ha sido siempre la convivencia de distintos cuerpos de funcionarios y categorías de empleados públicos, con lo que ello conlleva de conjunción de distintas perspectivas, formaciones y capacidades en beneficio de un proyecto (una política pública) compartido.

Por otra parte, el autor parece olvidar, en primer lugar, que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es parte de la estructura de un Ministerio (de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) y que la AECID es un organismo público (por el momento, una agencia estatal) adscrita a ese mismo ministerio. Como tales, forman parte de la Administración General del Estado, y sus puestos de trabajo deben de ser ocupados de manera general por empleados públicos (entre los que se encuentran los diplomáticos).

En el sistema español, esta provisión de puestos se realiza de preferencia entre funcionarios: personas que han accedido al ejercicio de la función pública mediante exigentes oposiciones que garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados por la Constitución Española. Las Administraciones Públicas no son empresas ni ONG; el camino para trabajar en las mismas está claro, y responde afortunadamente a procedimientos reglados y garantistas que tratan de asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución. Todos conocemos sobradamente qué ocurre cuando dichos mecanismos de selección se transgreden o cuando se propugna que se perviertan para favorecer a determinadas personas, sea por su cercanía personal o ideológica a los decisores políticos de turno, sea por criterios a menudo poco demostrables como la auto-otorgada condición de “experto” o “profesional”.

No se entiende bien, en ese sentido, a qué se refiere el autor con el término “profesionales de la cooperación”. Si se refiere a las personas que trabajan en ONGD u organizaciones humanitarias, o aquellas que desde la academia reflexionan y analizan las políticas de desarrollo y los sistemas de cooperación, o a aquellas que desde universidades, sindicatos, fundaciones o sector  empresarial contribuyen al impulso de acciones con impacto en desarrollo, sin duda se trata de un capital humano esencial para la Cooperación Española, que debe ser reconocido, protegido y dignificado. Por ello, todos los años la AECID lidera la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes, y todo su personal participa en un sincero homenaje al papel fundamental que, en sus organizaciones, desempeñan dichos profesionales.

Si se refiere, en cambio, a aquellas personas que trabajan en organismos públicos como la AECID, cabría responderle que, afortunadamente, ya hay en ella muchos profesionales de la cooperación: funcionarios de todos los cuerpos y grupos de la Administración que durante años, a menudo durante décadas, han dedicado y dedican su esfuerzo y su conocimiento para tratar de prestar un servicio de calidad a la ciudadanía y para contribuir a una gestión eficaz de nuestras políticas públicas de cooperación. En realidad, a la vista de nuestro marco normativo, deberíamos preguntarnos más bien cuáles fueron los motivos por los que determinadas personas accedieron en su momento a puestos directivos dentro del sistema de la Cooperación Española sin haber superado previamente una oposición (por ejemplo, al frente de nuestras Oficinas Técnicas de Cooperación, en calidad de Coordinadores Generales de la Cooperación en determinados países), y si aquellos motivos (de clara excepcionalidad) todavía son válidos en el contexto actual.

Por otra parte, de todas las oposiciones a grupos A1 de la Administración General del Estado, el temario requerido para el acceso a la Carrera Diplomática es el que de manera más extensa aborda los temas relativos a las políticas de cooperación internacional, desarrollo sostenible y acción humanitaria; y ello como parte de una política exterior moderna que incorpora en el corazón mismo de sus fines y de su acción la promoción de relaciones de colaboración con nuestros países socios, el apoyo al multilateralismo, la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático y la acción en favor de sociedades diversas, justas e inclusivas, desde un enfoque basado en derechos humanos. La Carrera Diplomática es el cuerpo de funcionarios del Estado especializado en relaciones internacionales, y como tal, el cuerpo especializado desde el inicio en cooperación internacional. Del mismo modo en que los Inspectores de Hacienda tienen un papel directivo natural en la Agencia Tributaria, o los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en el ICEX, la diplomacia está especialmente capacitada para desempeñar un papel de liderazgo en el ámbito de la acción exterior.

Contrariamente a lo que parece apuntar el autor, que atribuye a los diplomáticos la autoría de ciertas medidas cortoplacistas, el hecho de ser funcionarios que ocupamos puestos técnicos en la Administración puede suponer una garantía de continuidad y de capacidad de mantener una visión estratégica de largo plazo, orientada al cumplimiento de los objetivos últimos de las políticas de cooperación para el desarrollo o de acción humanitaria, frente a vaivenes partidistas o a las eventuales necesidades tácticas de quienes ocupan puestos en la Administración por designación política, sin tener asegurada su continuidad en la misma.

Además, los diplomáticos tienen una amplia formación y experiencia en gestión estratégica, lo cual contribuye de manera positiva en la formulación de políticas públicas, así como en la conceptualización y formulación de intervenciones concretas orientadas a resultados. Existen, pues, todos los motivos para que los diplomáticos estén fuertemente implicados en la dirección y la gestión de las políticas españolas de desarrollo.

Esto no significa que deban ocuparse de ello en exclusiva. De hecho, contrariamente a lo que expresa el autor, la Agencia siempre ha estado abierta a la incorporación de profesionales destacados procedentes del tercer sector o la academia, como forma de sumar experiencias y conocimientos, y por eso puestos como el de las Jefaturas de la Oficina de Acción Humanitaria o de los Departamentos de Cooperación Sectorial y de Cooperación y Promoción Cultural están abiertos a personal no funcionario. Una dinámica de suma constructiva que se basa, precisamente, en el reconocimiento mutuo y en el respeto del papel y la contribución que están llamados a realizar unos y otros: funcionarios, personal laboral fijo y profesionales procedentes del ámbito humanitario, cultural, académico, etc., en los puestos que están previstos para estas personas.

Los lectores podrán pensar todavía que no queda resuelta la insinuación del autor de que el interés de la diplomacia por la cooperación para el desarrollo se basa únicamente en la posibilidad de ocupar cargos directivos en este ámbito mientras están destinados en Madrid. Los diplomáticos españoles han formado parte de la cooperación para el desarrollo desde su nacimiento, y no siempre ocupando puestos de dirección ni altos cargos, sino desempeñando tareas en todos los niveles administrativos que les son propios; compartiendo trabajo, esfuerzo y experiencia con los diversos cuerpos y grupos profesionales que constituyen el músculo de las políticas de cooperación y de acción humanitaria. Por ello, firmamos este artículo diplomáticos y diplomáticas que jamás hemos ocupado un puesto directivo en la Secretaría de Estado de Cooperación o en la AECID, y que sin embargo hemos prestado servicios en dichas estructuras (en algunos casos, en repetidas ocasiones) movidos por la vocación de servicio, el interés genuino en las políticas de desarrollo sostenible y de acción humanitaria y el compromiso con los valores de solidaridad, colaboración y equidad que estas canalizan dentro de nuestra política exterior.


Firman este artículo junto con Sergio Colina, las siguientes personas: Elena Bravo Taberné, Cinthya Breña Testal, Rodrigo Reyero Pita, Raquel Romero Pita y Rosa Velázquez Álvarez.