El caso del policía que asfixió hasta la muerte al presunto ladrón de su móvil

El suceso, ocurrido en Torrejón de Ardoz mientras el agente se encontraba fuera de servicio, reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza, la responsabilidad policial fuera del horario laboral y la delgada línea que separa la legítima defensa del abuso.
Miembros de Summa 112 acudiendo al lugar del incidente. / @112cmadrid.
Miembros de Summa 112 acudiendo al lugar del incidente. / @112cmadrid.

La muerte de un hombre por estrangulamiento a manos de un agente de policía fuera de servicio no es un mero hecho aislado: es el síntoma de un problema más amplio que España, y en particular sus fuerzas del orden, todavía no han sabido afrontar con la contundencia y transparencia necesarias. El suceso, ocurrido en la noche del martes en Torrejón de Ardoz, ha puesto en evidencia hasta qué punto la autoridad policial puede traspasar los límites del deber cuando se mezcla con la emocionalidad del “ajuste personal”.

Según las primeras informaciones, el agente implicado –en activo en la Policía Municipal de Madrid– se encontraba junto a un compañero jubilado cuando, presuntamente, sufrió el robo de su teléfono móvil por parte de un hombre de 35 años. Tras una breve persecución, el policía logró reducir al supuesto ladrón en el suelo, aplicándole una maniobra de estrangulamiento conocida como “mataleón” mientras esperaban la llegada de la Policía Nacional. A su llegada, los agentes se encontraron con un hombre inconsciente, en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos de reanimación por parte del Summa 112, se confirmó su fallecimiento. La causa: asfixia por estrangulamiento.

Más allá del impacto evidente del suceso, cabe plantearse una cuestión incómoda pero inevitable: ¿actuó el agente conforme a la proporcionalidad exigida por la ley o se dejó llevar por una pulsión justiciera? En otras palabras, ¿fue una actuación policial legítima o un linchamiento encubierto bajo el pretexto de la defensa propia? Será la Justicia la que resuelva.

El agente, detenido y a la espera de comparecer ante el juez, se enfrenta ahora no solo a un proceso penal, sino también a un juicio social inevitable. Porque si bien los cuerpos de seguridad están entrenados para intervenir en situaciones críticas, ese entrenamiento debería ir acompañado de una comprensión nítida de los límites que impone la legalidad y la ética. Y retener a una persona hasta asfixiarla, incluso cuando se la sorprende cometiendo un delito, no parece compatible ni con lo uno ni con lo otro.

Este caso también arroja una sombra sobre los protocolos de actuación de los cuerpos policiales fuera de servicio. ¿Debería un agente emplear las mismas técnicas y niveles de fuerza que durante un operativo oficial? ¿Hasta qué punto puede justificarse una maniobra de estrangulamiento para retener a un presunto ladrón de móvil? ¿Y cómo debe abordarse el uso de técnicas que pueden resultar letales?

La maniobra utilizada, el mataleón, es conocida por su potencial peligrosidad, especialmente cuando se aplica con excesiva presión o durante un periodo prolongado. En algunos países, su uso está restringido o incluso prohibido, precisamente por casos similares en los que terminó con la vida de detenidos. Resulta pertinente, por tanto, que las autoridades revisen las técnicas que se enseñan en academias policiales, y más aún, las que los agentes consideran “útiles” en contextos no reglados.

La muerte de este hombre –presunto ladrón, sí, pero también ciudadano con derecho a un juicio justo y a no ser ejecutado en la acera de una calle madrileña– debería servir para algo más que para alimentar el morbo informativo. Es una llamada a la reflexión sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad institucional y la necesidad de que el uniforme no se convierta en licencia para actuar sin consecuencias, incluso fuera de servicio.

En un momento en el que la ciudadanía reclama mayor ejemplaridad por parte de sus instituciones, resulta fundamental que este caso se aborde con transparencia, rigor judicial y con una profunda revisión de las responsabilidades éticas y profesionales de quienes están llamados a proteger, no a castigar. Porque si se normaliza que la reacción a un hurto acabe en muerte, lo que está en juego no es solo una vida: es el principio mismo del Estado de Derecho. @mundiario

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