Los campus explotan contra el acuerdo universitario de Ayuso: “Es una subida inflada”

La publicación del acuerdo de financiación entre la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas ha abierto una brecha inesperada en los campus. Lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presenta como un plan “histórico” para garantizar la estabilidad económica de las instituciones académicas hasta 2031 ha sido recibido con indignación por parte de plataformas universitarias, colectivos docentes y sectores de la oposición. Tras días reclamando transparencia, el documento finalmente ha salido a la luz y, lejos de apaciguar los ánimos, ha provocado un estallido de críticas: “Es una subida inflada con el dinero de las matrículas”.

La Comunidad de Madrid comunicó a principios de mes un plan de financiación plurianual para el periodo 2026-2031 que movilizaría cerca de 14.800 millones de euros. Sobre el papel, la cifra transmite una sensación de músculo financiero y estabilidad presupuestaria. Sin embargo, al analizar el detalle del documento, el optimismo institucional se diluye. Según las plataformas en defensa de la universidad pública, una parte sustancial de ese dinero no procede realmente de la administración regional, sino de ingresos que ya generan los propios campus, especialmente a través de las tasas que pagan los estudiantes.

De los 14.790 millones anunciados, cerca de 8.958 millones procederán directamente de la Comunidad de Madrid. Otros 3.335 millones se asignan a fondos regionales no especificados en el texto y alrededor de 2.496 millones corresponden a ingresos que las universidades deberán generar por su cuenta. Este último apartado es precisamente el que ha encendido las alarmas en la comunidad universitaria, que acusa al Ejecutivo autonómico de presentar como inversión pública lo que en realidad es dinero aportado por alumnos y por la actividad económica de las propias instituciones.

Un aumento lejos de la ley

Las plataformas universitarias sostienen que el relato oficial maquilla una realidad mucho más austera. “Puede parecer una financiación que garantiza estabilidad, pero no contempla el impacto de la inflación durante los próximos seis años”, denuncian. Según sus cálculos, el aumento real de recursos queda muy lejos de lo que establece la Ley del Sistema Universitario, que fija como objetivo una inversión equivalente al 1% del PIB. Con el plan madrileño, afirman, la cifra apenas alcanza el 0,5%.

La polémica también tiene una dimensión social. Si las estimaciones actuales se mantienen, las familias podrían aportar alrededor de 2.300 millones de euros en tasas y matrículas durante el periodo del acuerdo. En otras palabras: una parte sustancial del supuesto crecimiento de la financiación universitaria depende directamente del bolsillo de los estudiantes.

Una financiación que depende de los propios campus

Otro de los puntos más controvertidos del acuerdo es la previsión de que las universidades generen ingresos adicionales cercanos a 2.500 millones de euros. Para el Gobierno regional se trata de una meta razonable basada en la capacidad de innovación, colaboración público-privada y captación de recursos externos. Para los colectivos universitarios, en cambio, es una cifra “ambiciosa” que no representa una inversión garantizada.

En la práctica, explican, este modelo empuja a las universidades públicas a comportarse como actores económicos que deben buscar financiación propia para sostener su actividad. Entre los mecanismos contemplados figuran inversiones, cesiones de suelo y proyectos vinculados a la colaboración con empresas privadas. Esta orientación preocupa especialmente a los sectores críticos, que temen que los campus terminen convertidos en activos inmobiliarios o financieros.

“Las universidades públicas no pueden convertirse en plataformas de especulación”, denuncian las plataformas educativas. A su juicio, el modelo de financiación introduce incentivos que desdibujan la naturaleza del sistema universitario como servicio público.

Objetivos medibles y autonomía en juego

El documento también establece que parte de los recursos se distribuirá en función del cumplimiento de objetivos estratégicos y resultados medibles. Estos indicadores estarán vinculados, entre otros aspectos, al número de estudiantes matriculados, a la eficiencia económica y al desarrollo de sistemas de contabilidad analítica antes de 2028.

Para sus críticos, esta lógica introduce un enfoque “economicista” en la gestión universitaria. Argumentan que vincular financiación a metas cuantificables puede generar distorsiones, especialmente en un contexto en el que la propia infrafinanciación limita la capacidad de las universidades para crecer en plazas y titulaciones.

Además, advierten de que muchos de los fondos previstos son finalistas y no se consolidan estructuralmente en los presupuestos, lo que reduce la estabilidad real del sistema.

La oposición habla de pérdida histórica de financiación

Las críticas no se limitan al ámbito universitario. Según señala EL PAÍS, desde la oposición en la Asamblea de Madrid, el PSOE sostiene que el incremento anunciado queda muy por debajo de lo necesario para compensar la inflación acumulada desde la crisis económica de 2008.

Según sus cálculos, si se mantiene el nivel de financiación actual y se aplican los incrementos previstos, el crecimiento real de recursos apenas compensará una parte del aumento de precios registrado en las últimas décadas. El resultado, denuncian, es una pérdida de financiación real superior al 35% desde 2009, a pesar de que el número de estudiantes ha aumentado.

Otros representantes políticos y académicos van incluso más lejos y alertan de que, si el plan se aplica tal como está diseñado, algunas universidades madrileñas podrían verse obligadas a aplicar recortes en personal, investigación o infraestructuras.

Movilización universitaria en el horizonte

Mientras el Gobierno regional insiste en que el acuerdo es “histórico” y defiende que garantiza estabilidad a largo plazo, en los campus el ambiente se vuelve cada vez más tenso. Las plataformas universitarias ya han anunciado la convocatoria de una asamblea general para decidir movilizaciones y han confirmado su adhesión a las protestas educativas previstas para el 19 de abril.

El conflicto revela algo más profundo que un desacuerdo presupuestario. Para muchos profesores, estudiantes e investigadores, lo que está en juego es el modelo de universidad pública que quiere construir Madrid en los próximos años. @mundiario