Un año después de la dana: ¿cuáles son las grandes incógnitas aún sin resolver?

Ha pasado un año desde que la dana convirtió la provincia de Valencia en un escenario de destrucción y duelo. Las imágenes de calles arrasadas, vehículos arrastrados y pueblos anegados aún forman parte de la memoria colectiva. Pero más allá del dolor, persiste una pregunta: ¿pudo haberse evitado la catástrofe? La respuesta, aún difusa, es el eje de una investigación judicial que se ha convertido en la más compleja de la historia reciente de la Comunidad Valenciana.

Desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra dirige una instrucción que ya ha reunido más de 350 declaraciones de testigos: técnicos de emergencias, meteorólogos, funcionarios, responsables políticos y familiares de las víctimas. La investigación busca determinar si la gestión de las alertas y la respuesta institucional incurrieron en negligencia. Ruiz Tobarra ha subrayado que hubo “muertes evitables”, y centra su análisis en el retraso en el envío del mensaje ES-Alert, la alerta masiva a la población que no llegó hasta las 20.11, cuando el desastre ya era irreversible.

El debate sobre el momento exacto en que debía enviarse la alerta a la población es una de las claves del proceso. La responsable del 112, Inmaculada Piles, ha declarado que propuso el envío a las 18.35 horas, cuando el riesgo de inundación ya era evidente. Sin embargo, el mensaje no se difundió hasta hora y media después. Durante ese tiempo, los barrancos del Poyo y sus afluentes desbordaron ríos, arrasaron viviendas y causaron la mayor parte de las víctimas mortales en L’Horta Sud.

La jueza considera probado que el aviso se debatió desde el inicio de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a las 17.00 horas, sin que se adoptara una decisión inmediata. La falta de grabaciones y actas oficiales del Cecopi complica reconstruir lo sucedido, pero los testimonios coinciden: hubo dudas, demoras y una cadena de decisiones lentas en el momento más crítico.

Aemet y la incertidumbre meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso rojo en gran parte de la Comunidad Valenciana, pero su información fue cambiante. Según su jefe de Climatología en Valencia, José Ángel Núñez, “no se tenía certeza de dónde se producirían las lluvias torrenciales”. Las precipitaciones superaron todos los registros previstos: en Turís, por ejemplo, se acumularon 772 litros por metro cuadrado. Aemet sostiene que las limitaciones científicas impiden predecir la cantidad exacta de lluvia, aunque los expertos insisten en que la magnitud del aviso exigía una reacción más rápida de las autoridades.

El Cecopi, órgano encargado de coordinar la emergencia, se activó con retraso. Los debates iniciales, según testigos, se centraron en el riesgo de rotura del embalse de Forata y no en alertar a la población. La entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —investigada por la jueza—, reconoció su falta de experiencia en situaciones de esa magnitud. La instructora considera que tanto Pradas como su número dos, Emilio Argüeso, eran los responsables competentes en protección civil y, por tanto, podrían ser penalmente responsables si se demuestra un nexo causal entre su gestión y las muertes.

Las comunicaciones fallidas y el papel de la CHJ

Otro punto crítico es el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Su presidente, Miguel Polo, admitió que no alertó verbalmente en el Cecopi sobre la crecida del barranco del Poyo, el episodio más letal del temporal. La jueza ha requerido todos los datos hidrológicos entre las 16.13 y las 18.42 horas, el periodo clave en que la riada se intensificó sin que se ordenaran evacuaciones ni confinamientos adecuados. Testimonios de técnicos aseguran que hubo comunicaciones “intermitentes” y que la información no se transmitió con la urgencia requerida.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha declarado ante la jueza, aunque se le ha ofrecido hacerlo de forma voluntaria. Su papel el día de la tragedia sigue envuelto en dudas. Entre las 15.00 y las 20.00 horas, Mazón estuvo en un almuerzo en el restaurante El Ventorro y no apareció en el Cecopi hasta las 20.28, cuando el temporal ya había causado estragos. Su exconsellera, según el cruce de llamadas, intentó contactar con él en repetidas ocasiones sin éxito durante las horas decisivas. La magistrada ha pedido a Les Corts el listado de llamadas del president, y no descarta elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia si encuentra indicios de responsabilidad.

Falta de protocolos y ausencia de nivel 3 de emergencia

Los peritos judiciales han sido contundentes: la emergencia se gestionó bajo el nivel 2, que delega la coordinación en la comunidad autónoma, pese a que la magnitud del desastre exigía declarar el nivel 3, competencia del Ministerio del Interior. Nadie —ni el Gobierno central ni la Generalitat— lo solicitó. Este fallo, según los expertos, refleja “una ruptura en la cadena de mando” que impidió activar mecanismos de apoyo estatal y la movilización inmediata de todos los recursos disponibles.

Para las familias de las víctimas, la justicia es la única vía abierta. No existen causas por responsabilidad patrimonial del Estado, aunque asociaciones como la de Damnificados de L’Horta Sud preparan demandas civiles. La instrucción judicial, en cambio, avanza paso a paso, con una jueza decidida a esclarecer si la falta de previsión y la demora en las decisiones fueron simples errores administrativos o constituyen una negligencia penal.

Un año después, la dana del 29 de octubre de 2024 sigue siendo una herida abierta en la Comunidad Valenciana. Las obras avanzan, los homenajes se suceden, pero las preguntas esenciales —por qué se avisó tan tarde, quién debía decidir y quién lo hizo— aún no tienen respuesta. En esa búsqueda de verdad y rendición de cuentas, la justicia se ha convertido en el último refugio de las víctimas. @mundiario