Un agresor podría desactivar su pulsera antimaltrato en solo 11 segundos
Durante años, las pulseras antimaltrato han sido presentadas como el gran escudo tecnológico que protege a las mujeres de sus agresores. El mensaje era claro: la víctima no está sola, hay un dispositivo vigilante que alerta si el maltratador se acerca. Pero ese relato se ha resquebrajado con la revelación de un fallo tan burdo como escalofriante: bastaban 11 segundos y cuatro clics para que un hombre con orden judicial pudiera desconectar la pulsera sin que saltara ninguna alarma.
No hablamos de una anécdota aislada, sino de un problema que se prolongó al menos ocho meses y que quedó recogido en actas, informes técnicos y reuniones oficiales. En agosto de 2024, trabajadores del centro Cometa ―el organismo que supervisa estos dispositivos― grabaron un vídeo que lo demostraba. La escena era demoledora: un agresor podía desincronizar el brazalete de su móvil y moverse libremente, como si la orden judicial nunca hubiera existido. Sin señal, sin aviso, sin barreras.
La gravedad del asunto no radica solo en el fallo técnico, sino en la cadena de negligencias que siguieron. En julio de 2024, los propios usuarios comenzaron a llamar al centro para informar de la notificación que les permitía manipular el sistema. Aun así, pasaron meses antes de que la vulnerabilidad desapareciera, mientras los informes internos advertían que se estaba incumpliendo la condición más básica del contrato: la inviolabilidad del dispositivo.
Ese tiempo muerto es imperdonable. Porque cada día de inacción significaba exponer a mujeres que confiaban en un sistema diseñado para protegerlas. Significaba alimentar la sensación de impunidad en los agresores y erosionar la autoridad de una medida que, en teoría, debía ser disuasoria.
Una herida a la confianza en la tecnología de protección
El discurso político suele presentar la tecnología como el aliado infalible en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, este caso demuestra que no basta con invertir en dispositivos si después fallan en lo esencial. La confianza en el sistema Cometa ha quedado dañada, y no será fácil recomponerla. La autoridad que se pretende imponer con la pulsera se convierte en papel mojado cuando un maltratador descubre que puede desactivarla en segundos.
La sombre de la responsabilidad
Vodafone, la empresa adjudicataria, ha guardado silencio ante las preguntas de la prensa. Pero los documentos internos muestran que su responsabilidad no es menor: los técnicos advertían que la calidad del material era deficiente y que no se cumplían las especificaciones del contrato. La Delegación del Gobierno admite ahora públicamente los fallos, pero los reconoce como “incidencias” de menor calado. ¿De verdad se puede minimizar un error que deja indefensa a una víctima en riesgo?
Este caso revela una paradoja dolorosa: lo que debía proteger puede, en determinados momentos, haber generado una falsa sensación de seguridad. Una mujer confiaba en que, si su agresor rompía la orden de alejamiento, el sistema saltaría. Pero si él había descubierto cómo burlar el brazalete, esa confianza se volvía en su contra. La trampa era invisible.
Ahora bien, no estamos ante un problema técnico: estamos ante una deuda moral. Cada minuto en que un dispositivo falló significaba que una víctima vivía expuesta sin saberlo. Que la tecnología se convirtió en un espejismo. El Gobierno asegura ahora que los nuevos pliegos de contratación garantizarán que las pulseras “no puedan manipularse”. Pero esa garantía ya estaba escrita antes. La diferencia es que, esta vez, la sociedad no debería tolerar otro fracaso.
En última instancia, lo ocurrido con las pulseras antimaltrato interpela a todos: a las empresas que proveen la tecnología, a las instituciones que supervisan su funcionamiento y a quienes gestionan la seguridad de las víctimas. Porque en esos once segundos de silencio tecnológico no solo se desconectaba una pulsera: se apagaba, también, la promesa de protección que el Estado había hecho a las mujeres más vulnerables. @mundiario
