Afganistán: más de 1.000 días sin educación para las mujeres
Antes de que los talibanes retomaran el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, Amal, una joven estudiante de Derecho en Kabul, soñaba con convertirse en una gran periodista. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando los talibanes prohibieron la educación a niñas mayores de 12 años.
Amal, cuyo nombre real se mantiene en secreto por seguridad, comenzó a manifestarse junto a otras mujeres y fundó una escuela clandestina en su hogar. Hace siete meses, los talibanes irrumpieron en su casa, la amenazaron, la golpearon y dejaron secuelas visibles y emocionales. Hoy, Amal vive escondida, sintiéndose abandonada por la comunidad internacional.
Desde la toma del poder, los talibanes han implementado severas restricciones contra las mujeres. A pesar de las condenas internacionales, no ha habido acciones contundentes para revertir estas prohibiciones. Algunos países vecinos, así como Rusia y China, han dado pasos hacia el reconocimiento del régimen talibán, lo que ha indignado a las mujeres afganas. Recientemente, la ONU invitó a representantes talibanes a una conferencia en Doha, lo que ha sido visto como un movimiento hacia la normalización de su gobierno.
La situación ha sido calificada por expertos de la ONU como un "apartheid de género". Las mujeres en Afganistán viven en un estado de reclusión y miedo constante, con manifestaciones limitadas a fotos clandestinas dentro de sus hogares. Las pocas que se atreven a protestar en las calles son reprimidas con dureza. El jueves, UNICEF destacó que, en 1.000 días sin educación secundaria, un millón y medio de niñas han perdido 3.000 horas lectivas, afectando gravemente su futuro.
Además de la prohibición educativa, las mujeres afganas enfrentan restricciones en el trabajo, la movilidad y a su libertad de expresión. El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Ajundzadá, recientemente limitó los salarios de todas las mujeres a una suma ínfima de 5.000 afganis (unos 65 euros). Profesiones como la de policías, juezas, diputadas, abogadas y periodistas están vetadas para las mujeres. Incluso trabajos en ONG y agencias de la ONU están prohibidos, excepto en contados casos en sectores de salud y educación primaria.
La exclusión de las mujeres del ámbito laboral tiene un impacto devastador. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la prohibición de trabajar a las mujeres le cuesta al país unos 934 millones de euros anuales, un 5% de su PIB. La privación educativa y laboral perpetúa la pobreza y alimenta prácticas como los matrimonios forzados y la maternidad precoz, que incrementan la mortalidad materna e infantil.
Una realidad sin salida
Entre junio de 2023 y marzo de 2024, el régimen talibán aprobó 52 nuevas regulaciones contra las mujeres, según un informe de Richard Bennett, relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán. La reinstauración de la flagelación pública y la lapidación por adulterio, anunciada en marzo, ha sido interpretada como una consecuencia directa de la inacción internacional. Sahar Fetrat, investigadora afgana de Human Rights Watch, señala que los talibanes han visto favorable el endurer sus políticas al no enfrentar represalias ni dentro, ni por fuera del país.
El informe de Bennett insta a la comunidad internacional a tomar medidas concretas y denunciar al régimen talibán ante el Tribunal Internacional de Justicia por crímenes contra la humanidad. Amal y otras mujeres afganas esperan que la comunidad internacional pase de las palabras a los hechos y actúe para proteger los derechos fundamentales de las mujeres en Afganistán, así como lo hacen con otras poblaciones.
Desde su escondite, Amal lamenta que las violaciones de derechos humanos se hayan convertido en una herramienta de los talibanes para lograr reconocimiento internacional. La situación de las mujeres en Afganistán es una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y coordinada para evitar que generaciones enteras queden atrapadas en un ciclo de opresión y miseria. @mundiario
