El Supremo pide a la UCO que recupere los mensajes y llamadas del fiscal general: ¿por qué?
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta medida se enmarca en la investigación sobre la presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y vinculado a una causa de presunto fraude fiscal y falsedad documental.
En el auto emitido por Hurtado, el magistrado pide a la UCO un informe sobre la viabilidad técnica para “recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números” del fiscal general. Asimismo, ha requerido a las operadoras Movistar y Vodafone que entreguen “los datos de tráfico de llamadas, emisores y receptores, así como los paquetes de datos y la identificación de los emisores y receptores”.
Según el informe presentado por la UCO el 3 de enero, García Ortiz habría cambiado de terminal móvil el 23 de octubre de 2024, justo una semana después de que el Tribunal Supremo abriera causa en su contra. El informe señala que el fiscal general utilizaba dos números telefónicos, uno a su nombre y otro registrado bajo la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el análisis inicial del dispositivo incautado no aportó resultados significativos. Según el informe, en el móvil del fiscal se encontraron “cero mensajes” almacenados en las aplicaciones de mensajería, una situación que contrasta con el análisis del teléfono requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En este último caso, la UCO halló comunicaciones relevantes entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas clave en la investigación de la presunta filtración.
Alegaciones de borrado por protocolos
Fuentes de la Fiscalía han reconocido que García Ortiz eliminó mensajes correspondientes al periodo investigado, pero sostienen que esto se debió a un protocolo de borrado cíclico de datos establecido para garantizar la protección de información sensible. Dicho protocolo, argumentan, no estuvo dirigido específicamente a ocultar información vinculada al caso.
Por otro lado, la UCO ha señalado que el móvil de Rodríguez contenía evidencia que podría relacionar a la Fiscalía con la filtración de correos electrónicos entre el fiscal Julián Salto y la defensa de González Amador, comunicaciones que posteriormente fueron difundidas por los medios de comunicación.
El caso contra García Ortiz se inició tras una querella presentada por González Amador, quien acusó a la Fiscalía de revelar información confidencial que vulneraba su derecho de defensa. Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando se filtraron correos que sugerían un posible pacto entre la Fiscalía y el empresario, lo que provocó una amplia cobertura mediática.
El Ministerio Público niega la filtración
El Ministerio Público negó estas acusaciones en un comunicado oficial, asegurando que los correos filtrados demostraban que fue la defensa de González Amador quien propuso un acuerdo. A pesar de esta aclaración, la querella impulsó la apertura de una causa judicial centrada en determinar el origen de la filtración.
El Supremo descartó inicialmente que el comunicado de la Fiscalía constituyera un delito, al considerar que la información contenida ya había sido publicada en los medios antes de su difusión oficial. Sin embargo, puso el foco en la posible filtración de correos a lo largo de la noche del 13 de marzo, que podrían haber llegado a la prensa desde fuentes internas.
La investigación sigue su curso con implicaciones que podrían afectar la reputación de la Fiscalía y del propio fiscal general. Mientras tanto, el caso también pone de relieve las tensiones entre las instituciones judiciales y políticas en un contexto de alta sensibilidad mediática y social. @mundiario