Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Fortalezas y objetivos
Discurso ante la XLIV Asamblea General Extraordiunaria de la OEA.- Este Periodo Extraordinario de Sesiones es la culminación de un proceso iniciado hace ya casi dos años, en la Asamblea General de San Salvador. La declaración del Canciller Hugo Martínez, Presidente de esa Asamblea General, ratificada por el Plenario, encomendó “al Consejo Permanente que profundice el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y su Estatuto, con miras a lograr el fortalecimiento del Sistema y presente sus recomendaciones a los Estados Miembros a la brevedad posible”.
Pero el inicio del actual proceso y el valor que tiene para la OEA, solo se puede tender situándolo en su perspectiva histórica. En sus más de 50 años de existencia, nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha experimentado transformaciones de envergadura. Es cierto que sus orígenes se confunden con los de nuestra Organización, en 1948 con la adopción de la Carta Constitutiva de la OEA en Bogotá, Colombia y también la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
Pero, fue sólo 11 años después, en el marco de la Reunión de Consultas de Cancilleres celebrada en Santiago de Chile en 1960 que se estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez aprobado su estatuto, ella entra en funciones –repito- en 1960. Nace en un contexto desfavorable para alcanzar cualquier nivel de desarrollo en Derechos Humanos, y sin embargo llama la atención desde un principio la decisión y fuerza con la cual enfrentó las situaciones adversas que se desarrollaban en una serie de países miembros de la OEA. A ello se añadió la insistencia en ampliar sus funciones que le permitieran dar una efectiva protección a las víctimas de los abusos.
Durante más de 20 años, en un periodo particularmente cruento de la historia de nuestro continente, marcado por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en diversos países de la región, aplicando las doctrinas de seguridad nacional, la CIDH funcionó como único mecanismo de protección de los derechos humanos, hasta la entrada en funciones de la Corte en 1979.
Hago hincapié en estas fechas, porque la Comisión Interamericana precede en su funcionamiento, por 20 años, a la Convención de San José y la creación de la Corte. La construcción completa del sistema duró veinte años: fue iniciada por la puesta en marcha de la Comisión en 1960 con su estatuto, continuó con la aprobación de la Convención en 1969 y culminó con la puesta en marcha de la Corte, en 1979.
La positiva evolución de la realidad política regional hizo que la relación entre los órganos del Sistema Interamericano y los Estados Miembros se volviera más compleja. En la etapa posterior a las dictaduras y las guerras civiles, marcada por nuevos procesos de construcción democrática, la CIDH diversificaría y ampliaría sus temas, sus prácticas y funciones, de manera acorde con la nueva realidad en la región y con las exigencias de nuestra Carta Democrática Interamericana.
Ya a comienzos de los años 1990 ante el pedido de un grupo de Estados, la Corte en su Opinión Consultiva número 13 confirma la facultad de la CIDH de calificar la compatibilidad de leyes internas de los Estados miembros con la propia Convención Interamericana.
Pero la cuestión de fondo era, y sigue siendo, cómo articular las relaciones entre la CIDH y los Estados Miembros en democracia. En la Asamblea General de Managua en 1993 el argumento central sería la adecuación del sistema a la nueva realidad. Se hablaba de un sistema interamericano “renovado”, de reducir el rol de defensa de los derechos humanos y de la relevancia que el rol de promoción asumía en estos nuevos tiempos; de lograr una representación geográfica adecuada e incluso de la posibilidad de tener un solo organismo fusionado Comisión y Corte.
En el 2000, en Windsor, Canadá, la resolución de la Asamblea General decide continuar con el proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento del Sistema Interamericano a través del diálogo sistemático y permanente entre los Estados y órganos del sistema y los demás actores relevantes. Esta resolución además identificó siete áreas de recomendaciones de carácter procesal para la Comisión y la Corte haciéndose eco de las recomendaciones y haciendo eco de las recomendaciones la Comisión modifica su procedimiento en varios aspectos esenciales que permitieron mejorar su trabajo.
En 2004, en el seno de la CAJP se inicia un proceso de reflexión basado en la resolución de la Asamblea General de ese año, sobre “Fortalecimiento de los Sistemas de Derechos Humanos en seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas” y las recomendaciones resultantes de este proceso se tradujeron en la adopción del “Programa para la eliminación del atraso procesal”. Nuevamente, en el marco de la CAJP de la OEA en los años 2008 – 2009 se instituye un nuevo proceso de reflexión cuyos resultados se vieron reflejados de mayor o menor medida en la adopción de un nuevo reglamento por parte de la CIDH, en el 2009.
¡Que poco parecen saber de este proceso la mayor parte de nuestros críticos! El diálogo entre los órganos políticos y la Comisión lleva en marcha más de 20 años y eso, lejos de deteriorar o amenazar al Sistema, lo ha hecho aún más relevante.
En todo este proceso, por cierto, es necesario poner de relieve el papel fundamental de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol fundamental en el establecimiento, desarrollo y fortalecimiento del sistema. Su coraje para defender la subsistencia del sistema en sus difíciles inicios, perseverando siempre en la búsqueda de la verdad y justicia, así como su exigencia permanente de respeto por la esencial autonomía de sus órganos merecen nuestro reconocimiento. Ellas son siempre bienvenidas en esta Organización y en particular en esta Asamblea Extraordinaria.
Es en este marco histórico en el cual debemos insertar nuestros debates el día de hoy: ha sido un proceso de diálogo constante entre Estados Miembros, la CIDH y los actores de la sociedad civil que, aunque en esa fase lleva más de 18 meses de duración, desde una perspectiva histórica tiene una continuidad mucho mayor.
Comenzamos nuestros trabajos el 29 de junio del 2011 con la creación en el seno del Consejo Permanente de un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de DD.HH”. El Grupo trabajo durante casi un año, recibió a todos los que quisieron ser escuchados por el, en diálogo permanente con los órganos del sistema y respetando escrupulosamente su autonomía.
Este respeto pleno por la autonomía se reflejó claramente en el Informe del Grupo de Trabajo. Su principal contenido (53 de las 68 recomendaciones) estuvo dirigido a la Comisión. Esa característica se mantiene cuando la Asamblea General en su cuadragésimo segundo periodo ordinario de sesiones en Junio de 2012, en Cochabamba, Bolivia acogió el informe del Grupo de Trabajo y encargó al Consejo Permanente que sobre la base del informe, formulara propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas. Para eso, y sólo para eso, como lo recordaba el Presidente en su introducción, estamos aquí hoy.
Espero que esta Asamblea tome nota de la manera positiva en que la CIDH ha respondido a las inquietudes que los Estados Miembros le plantearon en Cochabamba y que podamos cerrar este debate con un apoyo efectivo a nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos concordado también en nuestra aspiración a la universalidad del sistema, manifestada en el llamado a que todos los miembros de la OEA adhieran al conjunto de los instrumentos y órganos que lo constituyen, así como en la necesidad de que los Estados Miembros, en el marco del respeto a su soberanía y autodeterminación, acaten las resoluciones de los órganos del Sistema.
Aunque en las últimas semanas esta aspiración ha sido ventilada con más fuerza, creo útil recordar que ella ha sido proclamada varias veces con anterioridad. Me permito recordar aquí, a modo de ejemplo, el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, en Québec, Canadá, en 2001, incluye el compromiso de los Estados Miembros de que “Considerarán firmar y ratificar, ratificar o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos”. Algo similar se ha aprobado en varias de nuestras Asambleas Generales, especialmente en San Salvador, cuando este proceso se puso en marcha.
Creo importante recalcar, sin embargo, que como lo han pedido varios países en este debate, la forma de acercarnos a la universalidad no debe, en caso alguno, incluir medidas de exclusión, sino de inclusión de los países que no han suscrito algún instrumento. No será ahuyentando o discriminando o sancionando, sino a través de la invitación del dialogo como se conseguirá más pronto el objetivo fijado.
Valoro la seriedad con que se ha incorporado al debate el tema del financiamiento del sistema, hecho de que algunos de nuestros miembros hayan formulado propuestas concretas en este sentido. Muchas reformas que se proponen mejorarían sustantivamente la eficacia de nuestro sistema, pero significarían también un alto costo que la Organización no está en condiciones de asumir con sus actuales recursos, a pesar de los recientes aumentos en la asignación presupuestaria de la Comisión y la Corte. Este es un tema que no podrá ser concluido en esta Asamblea, pero creo que existe un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un tiempo a determinar, sean los Estados Miembros de la OEA quienes financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del Sistema.
Es importante también el consenso en cuanto al fortalecimiento de las relatorías temáticas que crea la CIDH para el mejor seguimiento de temas relevantes para la defensa de los derechos humanos. Las relatorías, especiales o no, son de responsabilidad de la Comisión y sus relatores emiten opiniones cuando cuentan con el respaldo de éstas.
El necesario fortalecimiento de unas no puede, sin embargo, significar el debilitamiento de otras. No puedo omitir recordar aquí que la Relatoría de Libertad de Expresión fue, hace quince años, objeto de una Resolución de esta Asamblea General y luego de la Segunda Cumbre de Presidentes de las Américas. A mi juicio, más que limitar esa experiencia, debemos usarla de manera positiva, como un modelo para la extensión de otras relatorías igualmente necesarias. Al mismo tiempo, estimo útil fortalecer la Relataría en torno a un programa de defensa amplio de la libertad de expresión, que por cierto debe incluir los asuntos relativos a la limitación de esa libertad por parte de los poderes públicos, pero también los efectos nocivos de la concentración de los medios de comunicación en manos de grupos monopólicos, así como las amenazas y crímenes de que son objeto, de manera creciente en nuestra región, por desgracia, los periodistas y medios de comunicación social y la obligación de los estados de protegerlos.
Quiero finalizar estas palabras reafirmando, una vez más, nuestra invocación a mantener, a toda costa, la autonomía de nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los ciudadanos y ciudadanas de las Américas que concurren a la Comisión y la Corte lo hacen en la convicción de que están ante una institucionalidad que conocerá de sus casos de manera libre y sin presiones. La virtud del Sistema, que nuestras democracias deben reforzar, está en una aparente contradicción: el Sistema lo crean y lo mantienen los Estados de las Américas para que promueva los derechos humanos y para que los defienda, incluso en contra de abusos eventuales que esos propios Estados puedan cometer.
Pero en esta contradicción, sólo aparente, está reflejado el compromiso que nuestros gobiernos han asumido con sus pueblos, en el primer artículo de nuestra Carta Democrática Interamericana, lo cito: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Ningún otro organismo representa mejor ese compromiso que nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
